UTA redobla la presión en Salta: "No vamos a permitir que despidan choferes"
Siete empresas de colectivos, una deuda que se acumula desde julio y una fecha límite que nadie quiere dejar pasar. La UTA ya avisó que no piensa quedarse de brazos cruzados: "Tememos que comiencen a despedir a nuestra gente".
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) salió a respaldar los puestos de trabajo de los choferes de Salta y advirtió que no aceptará despidos en el marco del conflicto por la deuda que el Gobierno de Gustavo Sáenz mantiene con las empresas de transporte. La amenaza sindical llega después de que las compañías anticiparan que reducirán unidades y frecuencias por las dificultades financieras y los pagos pendientes de la Sociedad Anónima del Estado de Transporte Automotor (SAETA).
La fecha que todos miran es este viernes 25 de septiembre, el día estipulado para que Sáenz pague lo adeudado. "El trabajador es una moneda de cambio para los empresarios. Quieren tomarlos de rehén para que la Provincia y Saeta cumplan con la deuda", sostuvo el secretario de Prensa y Difusión de la UTA, Gerónimo Requena, en diálogo con FM Aries. "Tememos que comiencen a despedir a nuestra gente", agregó.
Qué dicen las empresas
Las compañías Ahynarca SA, Ale Hnos. SRL, El Cóndor SA, Alto Molino SRL, Transal SRL, Eduardo Ale SRL y Transporte Automotor del Valle SRL difundieron una solicitada en la que responsabilizaron a la conducción de SAETA por el deterioro del servicio y advirtieron que la situación podría agravarse si no se regularizan los pagos pendientes desde julio. Según los empresarios, los atrasos condicionan la operación cotidiana.
Ante ese panorama, las firmas amenazaron con modificar frecuencias, lo que encendió las alarmas de la UTA por los puestos de trabajo. Tras la advertencia, las compañías y SAETA suspendieron la medida de fuerza al menos hasta este viernes 25 de septiembre.
El compromiso de SAETA y el pedido a Sáenz
En la reunión mantenida este miércoles 23 de septiembre, SAETA se comprometió a "liberar un pago, destinado a comenzar a regularizar los compromisos pendientes", indicaron los empresarios en un comunicado. El destino prioritario de esos fondos será el combustible, "que constituye el insumo esencial para garantizar la circulación de las unidades".
Las prestatarias también reclamaron la intervención directa del gobernador Gustavo Sáenz para alcanzar una "solución urgente y definitiva" que garantice la continuidad del transporte metropolitano: "El transporte público no es una variable de ajuste; es un servicio esencial y un derecho social que SAETA y el Estado deben garantizar de forma ininterrumpida".
Las compañías aseguraron que mantienen la voluntad de seguir operando, aunque advirtieron que, si persisten las condiciones actuales, podrían quedar imposibilitadas de afrontar sus obligaciones económicas y sostener el servicio con normalidad.
