Ushuaia se mete en la pelea contra las petroleras: qué busca con la demanda por Sea Lion

La Municipalidad de Ushuaia confirmó que se presentará como querellante en la causa que tramita el Juzgado Federal de Río Grande por el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. La demanda apunta contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited.

La acción fue impulsada originalmente por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas. El planteo se apoya en la figura de la tutela ambiental soberana, que ata la protección del medio ambiente con la defensa de la soberanía argentina.

Qué se discutió antes de llegar a la Justicia

Antes de radicar la presentación, los impulsores de la medida mantuvieron un encuentro en la Intendencia con el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra; el secretario de Asuntos Malvinas, VGM Dante Asili, y el VGM Daniel Guzmán. En la reunión se analizaron los fundamentos jurídicos de la acción y la necesidad de abordar de manera integrada los aspectos ambientales y soberanos de la región.

La presentación se efectuó a comienzos de septiembre y sostiene que la explotación de recursos hidrocarburíferos en la plataforma continental argentina exige cumplir con la normativa nacional y contar con las autorizaciones de impacto ambiental correspondientes.

Qué resolvió la jueza y qué falta

La jueza federal Mariel Borruto determinó que el Juzgado Federal de Río Grande es competente para intervenir en las actuaciones, al reconocer que la controversia abarca tanto la jurisdicción marítima nacional como la preservación soberana. Además, dio intervención a la Provincia de Tierra del Fuego para resguardar sus intereses patrimoniales y ambientales.

Las medidas cautelares solicitadas para paralizar el proyecto siguen pendientes de resolución.

La postura de Vuoto

El intendente Walter Vuoto remarcó que la custodia de las riquezas naturales y la soberanía en el Atlántico Sur requiere aplicar instrumentos legales ya existentes. En ese marco, ponderó la plena vigencia de la Ley 26.659, sancionada en 2011 para sancionar la exploración petrolera no autorizada.

Vuoto también recordó el proceso de recuperación estatal de YPF en 2012 y sostuvo que el debate sobre el archipiélago debe integrar los recursos estratégicos marítimos. Por último, ratificó el compromiso de acompañar el reclamo judicial para garantizar la vigencia de las leyes argentinas y la protección del patrimonio natural de la jurisdicción fueguina.