Urribarri, Báez y Aguilera: el detalle del traslado que definirá sus próximos años en prisión
La Justicia entrerriana definió quién manejará el futuro carcelario de Urribarri, Báez y Aguilera, y la decisión que esperan las defensas podría cambiarles el lugar de detención. El detalle que falta no es menor.
La definición sobre el futuro inmediato de Sergio Urribarri, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera salió del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná y quedó en manos del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, a cargo de Cecilia Bértora. Los tres cumplen condena por corrupción desde el viernes pasado en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.
El tribunal, integrado por María Carolina Castagno, Elvio Osir Garzón y Julián Carlos Vergara, firmó la resolución que deja sin efecto los mandamientos de detención dispuestos el 4 de septiembre y remite el expediente a la jueza de Ejecución. El escrito también pone en conocimiento de Bértora el pedido del Servicio Penitenciario de Entre Ríos para que los condenados sean trasladados a la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú.
Qué piden las defensas y qué falta resolver
Los defensores Leopoldo Cappa (Urribarri), Ignacio Díaz y José Velázquez (Báez), y Marcos Rodríguez Allende (Aguilera) coincidieron en solicitar el traslado a Gualeguaychú. La medida cuenta con el visto bueno del Ministerio Público Fiscal, que aceptó el cómputo de pena elaborado por el tribunal. La decisión final, sin embargo, solo puede adoptarla la jueza Bértora, quien por ahora no puede actuar.
La resolución firmada por los jueces remite copia a la Unidad Penal N° 1, testimonio de los cómputos y copia íntegra de la sentencia del 7 de abril de 2022. También hace saber a Bértora de lo solicitado por el subdirector del Servicio Penitenciario, Juan Santiago García, y por el director de la Unidad Penal N° 1, prefecto Rubén Gómez, en línea con lo pedido por los condenados y sus defensas.
Las fechas que marcan el futuro de los tres
Urribarri, condenado a 8 años de cárcel, permanecerá tras las rejas hasta el 15 de julio de 2034. Ya había estado detenido entre el 19 de noviembre de 2024 y el 8 de enero de 2025, cuando la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a una impugnación extraordinaria. En total, pasó 51 días privado de la libertad antes de volver a prisión.
Báez, condenado a 6 años y 6 meses, había sido detenido el 22 de noviembre de 2024 y cumplió arresto domiciliario en su casa de la zona de la Toma Vieja hasta el viernes pasado, cuando la Justicia ordenó su alojamiento en la Unidad Penal N° 1. Su condena finaliza el 22 de mayo de 2031.
Aguilera, cuñado de Urribarri y también condenado a 6 años y 6 meses, fue detenido el 19 de noviembre de 2024, liberado el 8 de enero de 2025 tras 51 días en prisión y vuelto a detener el 4 de septiembre. Permanecerá en la cárcel hasta el 12 de enero de 2033.
El peso de la condena
Los tres fueron condenados en el marco del megajuicio que se desarrolló entre el 27 de septiembre de 2021 y el 7 de abril de 2022. Urribarri recibió 8 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos por cinco causas de corrupción. Báez y Aguilera fueron sentenciados a 6 años y 6 meses cada uno.
La causa clave fue la denominada «causa de la vaca» o «de las imprentas», que investigó el direccionamiento de la publicidad oficial en vía pública hacia las empresas Tep SRL y Next SRL, propiedad de Aguilera. La prueba central fue un disco rígido hallado en un allanamiento de 2016, bautizado por la Fiscalía como «la caja negra» de la corrupción.
El megajuicio también abarcó el caso de la empresa Global Means, del empresario Germán Buffa, que obtuvo una pauta publicitaria antes de estar inscripta en la Afip; y el «Sueño Entrerriano», que incluyó la publicación de una solicitada contra los fondos buitre, la instalación de un parador en Mar del Plata y el pago a la productora Nelly Entertainment por la difusión de spots para la Cumbre del Mercosur de 2014.