Uno de cada tres sanjuaninos no puede dormir por las deudas: el dato que encendió las alarmas en la Defensoría

La Defensoría del Pueblo de San Juan advirtió un cambio drástico en el perfil de los reclamos: el endeudamiento familiar se convirtió en la principal consulta, desplazando a las fallas en hospitales. La defensora Florencia Peñalosa presentó los resultados de un relevamiento propio que pinta un panorama complicado para los vecinos.

Durante una entrevista en Telesol, Peñalosa explicó que el organismo se descentralizó hacia departamentos y barrios para atender a más personas. Ese movimiento coincidió con un giro en las demandas: "en los últimos meses, la principal demanda dejó de estar concentrada en otros servicios para pasar a las deudas", según detalló la funcionaria, que también ocupa la vicepresidencia de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA).

El cambio no fue menor. Los reclamos que recibe la Defensoría crecieron un 110% en el último tiempo. En una primera etapa, la mayoría de los pedidos apuntaban a fallas en hospitales públicos y privados, lo que incluso derivó en reuniones con directores de esos centros de salud. Ese antecedente sirve para dimensionar la magnitud del corrimiento hacia un problema económico que hoy domina la agenda del organismo.

La encuesta que encendió las alarmas

Para medir el fenómeno, el Observatorio de la Defensoría realizó una encuesta en la calle durante los últimos seis meses. Los resultados son contundentes: el 74% de los consultados tiene deudas activas en este momento. La información fue presentada como una medición propia del organismo, por lo que no constituye una estadística oficial de toda la provincia.

El relevamiento también arrojó otros datos preocupantes. El 62% de los encuestados debió endeudarse para comprar alimentos o destina más de la mitad de su salario al pago de obligaciones anteriores. Además, el 70% manifestó sentir angustia y la percepción de que no podrá salir de esa situación.

Las medidas que tomó la Defensoría

Frente a este cuadro, el organismo pidió informes al Banco Central sobre prestamistas que operan sin autorización. También intimó a los bancos a abrir líneas de consolidación de deuda —créditos que unifican varias obligaciones en una sola con menor interés— y a frenar los intereses considerados abusivos.

En paralelo, reclamó la intervención urgente del área de salud mental del Ministerio de Salud provincial, debido al impacto que puede tener la angustia económica sobre la salud de las personas.

Peñalosa agregó que, a partir de esas gestiones, empresas de servicios como Naturgy y OSSE habilitaron planes de refinanciación para sus clientes. La funcionaria también indicó que la Defensoría cuenta con equipos interdisciplinarios y puede actuar de oficio cuando detecta que un servicio público esencial, como el transporte, no funciona adecuadamente.

El seguimiento del tema queda ahora atado a la evolución de los reclamos y a la respuesta de los organismos y prestadores involucrados.