Universidades en pie de guerra: el punto que frena el acuerdo y el paro que se viene
Gobierno y universidades no logran cerrar un acuerdo por el presupuesto. ¿Qué condición frenó todo y qué medidas anunciaron los docentes?
El conflicto entre el Gobierno y las universidades nacionales está lejos de resolverse. A pesar de una propuesta oficial que incluye una recomposición salarial del 24,3%, las negociaciones chocan contra una condición clave: retirar la demanda judicial que exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento. Mientras tanto, los gremios docentes ya anunciaron un paro de una semana.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) emitió un comunicado en el que confirmó un cese de actividades del 16 al 20 de junio. Además, convocó a clases públicas este martes frente a los Tribunales de Buenos Aires, donde funciona la Corte Suprema, y anunció movilizaciones en Rosario y la Ciudad de Buenos Aires para el 11 y 16 de junio, respectivamente.
La propuesta que no alcanza
Según explicaron fuentes oficiales, el Ejecutivo ofreció una recomposición salarial del 24,3% que cubre parte de 2024, todo 2025 y el desfasaje de 2026 hasta mayo. El pago sería en dos tramos: 21,3% en junio y el 3% restante en octubre. También se crearía una comisión técnica para analizar el período adeudado de 2024 y garantizar paritarias trimestrales hacia adelante.
En paralelo, el Gobierno anunció un 50% de aumento para las becas Manuel Belgrano, un 20% de incremento en gastos de funcionamiento y un fondo extra de $50 mil millones para hospitales universitarios. Desde la comunidad universitaria señalaron que la oferta elevaría el presupuesto del 0,5% al 0,6% del PBI, una cifra inferior al 0,75% que exige la ley vigente, pero que algunos rectores consideran “razonable” como punto de partida.
El hueso duro de roer: la cautelar judicial
El principal escollo es la exigencia del Gobierno de que las universidades retiren la demanda judicial que reclama la ejecución de la Ley de Financiamiento. La norma nunca se aplicó porque, según la Casa Rosada, no especificaba la fuente de financiamiento. Sin embargo, la comunidad universitaria presentó una cautelar para exigir los aumentos salariales y de becas ajustados por inflación.
El monto en juego ronda los 2,5 billones de pesos, una cifra que el Gobierno considera incompatible con el superávit fiscal. La decisión final está en manos de la Corte Suprema. Mientras tanto, las universidades se niegan a ceder el resguardo judicial, y el Gobierno insiste en que las casas de estudio buscan sostener el conflicto político, aunque reconocen que las conversaciones continúan en buenos términos.
