Una vecina de Godoy Cruz acumula 171 cuotas sin pagar y el IPV amenaza con quitarle la casa

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de Mendoza inició un procedimiento que podría terminar con la desadjudicación de una vivienda social en Godoy Cruz. El organismo notificó a los adjudicatarios de una casa en el barrio Los Peregrinos y Fuerza Segura por irregularidades en la ocupación del inmueble y una deuda millonaria en cuotas.

La vivienda está ubicada en la Manzana D, Casa 11, y figura con el código 20470400011. Según el edicto publicado en el Boletín Oficial, los titulares registrados son I.S.S. y F.J.C., pero el IPV consideró que sus domicilios reales son desconocidos y por eso recurrió a la publicación del aviso.

El organismo les dio un plazo de 10 días hábiles para presentar una defensa por escrito, ofrecer pruebas y constituir un domicilio legal. También deberán cancelar la mora en ese mismo período si quieren evitar la pérdida de la casa.

Una deuda que creció hasta los $175.000

De acuerdo con la notificación, la deuda asciende a $175.178,67, monto actualizado al 28 de agosto de 2026. Esa cifra equivale a 171 cuotas impagas del crédito otorgado por el IPV.

Si se divide el total por la cantidad de cuotas, el promedio da unos $1.024,44 por mes. Sin embargo, ese número es apenas un cálculo orientativo: la deuda fue actualizada a la fecha indicada por el organismo, por lo que el valor real de cada cuota en su momento pudo haber sido menor.

El IPV advirtió que, si los adjudicatarios no regularizan la situación dentro del plazo establecido, avanzará con la desadjudicación de la vivienda, tal como lo establece el artículo 37 del Decreto 868/77.

El expediente no se limita a la deuda. El organismo también detectó irregularidades en el estado de ocupación del inmueble, una causal que la normativa provincial contempla para intervenir sobre una adjudicación de vivienda social.

Este caso se suma a otros procedimientos que el Gobierno de Mendoza viene impulsando sobre casas del IPV donde se detectaron incumplimientos vinculados con la ocupación o con el pago de los créditos. En todos los casos, el organismo otorga la posibilidad de ejercer el derecho de defensa antes de tomar una decisión definitiva.

Por ahora, la casa del barrio Los Peregrinos y Fuerza Segura no fue desadjudicada. El aviso constituye una intimación y un apercibimiento: los adjudicatarios tienen 10 días hábiles para defenderse y regularizar su situación. Si no cumplen, el IPV podrá continuar con el trámite para recuperar la vivienda.