Una reserva que da agua a un tercio de Salta y el avance que no se detiene

El área protegida que abastece de agua potable a buena parte del Gran Salta acumula más de 300 denuncias por incumplir una prohibición judicial que rige desde hace casi seis años. Solo en los últimos cuatro meses se sumaron más de cincuenta presentaciones, es decir, una cada dos días.

La cifra la pudo confirmar El Tribuno. Detrás de cada expediente hay construcciones levantadas donde no se puede, alambrados nuevos, carteles que declaran propiedad privada y suelos que cambiaron de uso sin autorización.

Qué dice la cautelar que nadie respeta

Todo arranca en diciembre de 2020. El Juzgado en lo Civil y Comercial de Décima Nominación dictó entonces una medida de no innovar que prohibió cualquier obra de construcción, el ingreso de materiales, la introducción de ganado y la extracción de áridos dentro de la reserva de Finca Las Costas.

La orden se notificó y se publicitó con carteles en todos los accesos al predio. Aun así, la administración del área protegida y el cuerpo de guardaparques radicaron desde entonces más de 300 denuncias por incumplimientos.

Esas presentaciones derivaron en investigaciones penales en el Ministerio Público Fiscal. Hay imputaciones por desobediencia judicial y también cargos por ofrecimientos, transferencias y ventas ilegales de parcelas que pertenecen al dominio público provincial. Una condena por estelionato ya fue dictada.

El agua de un tercio del área metropolitana

Finca Las Costas está al oeste de la ciudad de Salta y tiene 10.500 kilómetros. De ella depende el abastecimiento de agua potable de más de una tercera parte de la población del área metropolitana.

En 1995 fue declarada Reserva Hídrica Permanente e Intangible. En 2007 se incorporó el cinturón ecológico que la rodea como Reserva Natural de Uso Múltiple, una categoría que admite usos compatibles con su régimen de protección ambiental.

El problema es que la reserva no tiene red cloacal y sus suelos permeables vuelven a las fuentes hídricas especialmente vulnerables a la contaminación. El avance de construcciones no autorizadas, asentamientos irregulares y actividades incompatibles con su protección es, según el planteo oficial, un riesgo directo para ese recurso.

Las intimaciones y la fecha que corre

La Provincia presentó en 2020 una acción de amparo ambiental que tramita el Juzgado a cargo de María Guadalupe Villagrán. La cautelar de diciembre de ese año sigue vigente.

Con informes, fotografías y tomas satelitales comparativas del período 2020-2025 como respaldo, el Juzgado libró semanas atrás más de un medio centenar de intimaciones. Ordenó a quienes desobedecieron la resolución restablecer las cosas a su estado anterior en un plazo perentorio.

Según miembros de la comunidad Lules, que tendría a una treintena de familias apercibidas, ese plazo vencería el 28 de octubre. Otras fuentes indicaron que las intimaciones se cursaron con 90 días de margen.

Un informe publicado por este diario mostró que, detrás de las pujas territoriales y posesorias, en los últimos cinco años avanzaron decenas de obras irregulares dentro del área protegida. Entre ellas se destacan 21 edificaciones residenciales.

"No tiene dueños particulares"

El presidente del Comité de Gestión de la Reserva, Nicolás Zenteno Núñez, afirmó que una vez vencido el plazo "se procederá a cumplir con lo dispuesto por la jueza".

También fue tajante sobre la titularidad del suelo: "Finca Las Costas no tiene dueños particulares", porque es un bien público provincial. Y agregó: "El suelo, el agua y los bosques son y seguirán siendo de todos los salteños".

Zenteno Núñez adelantó además que antes de fin de año estaría completado el Plan Integral de Manejo de la Reserva para el próximo decenio.