Una provincia en emergencia: las denuncias por violencia de género se dispararon un 93%
El Senado salteño debate prorrogar una ley clave mientras los números no dejan de crecer. Siete femicidios en ocho meses y un detalle que preocupa aún más en el interior.
La violencia de género mantiene en alerta a Salta. Las denuncias registradas en la Oficina de Violencia Familiar y de Género aumentaron un 93% respecto de 2016, mientras que en lo que va de 2026 ya se registraron siete femicidios, la misma cantidad que durante todo el año pasado.
En este contexto, el Senado de Salta avanza con la prórroga por otros dos años de la Ley 7.857 de Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género, cuyo vencimiento está previsto para el próximo 8 de septiembre.
El proyecto, según El Tribuno, busca mantener vigente la herramienta que permite al Poder Ejecutivo reasignar las partidas presupuestarias necesarias para sostener los servicios de asistencia, contención y protección para las víctimas en toda la provincia.
Tres de cada diez denuncias
Actualmente, casi tres de cada diez denuncias registradas en el Sistema Único de Denuncias corresponden a situaciones de violencia familiar o de género.
En la Unidad de Flagrancia, estos casos representan aproximadamente un tercio de las intervenciones, y cerca del 40% ocurre durante el horario nocturno.
A este escenario se suma el registro de siete femicidios alcanzado en agosto, con el que Salta ya igualó en apenas ocho meses el total de casos registrados durante todo 2025.
Crece la demanda de asistencia
La necesidad de sostener los dispositivos de atención también se refleja en las estadísticas oficiales.
Durante los primeros ocho meses de 2026, el Servicio de Orientación, Contención y Asistencia ya alcanzó el 86% del total de asistencias realizadas durante todo 2025.
De mantenerse la tendencia, se proyecta que al finalizar este año la cantidad de asistencias será 129% superior a la registrada en 2025.
También aumentaron los requerimientos judiciales. Las solicitudes enviadas por la Justicia ya representan el 116% del total acumulado durante el año pasado y se estima que podrían llegar al 170% al finalizar 2026.
Reclaman recursos ante la falta de fondos nacionales
La discusión por la continuidad de la emergencia también está atravesada por la situación presupuestaria. Según se planteó en el Senado, la Nación no está enviando fondos para sostener estas políticas, por lo que la provincia busca garantizar su continuidad con recursos propios.
La prórroga permitiría mantener en funcionamiento los distintos dispositivos de asistencia, contención y protección destinados a las víctimas de violencia de género.
Menos municipios tienen áreas de género
Otro de los puntos de preocupación es la situación en el interior provincial. Menos del 50% de los municipios salteños mantiene áreas específicas de género, mientras que en numerosas comunas estas estructuras fueron absorbidas por las secretarías de Acción Social.
Ante esta situación, se planteó la creación de un Sistema Provincial de Acompañamiento Integral, que permitiría contar con referentes territoriales para orientar y acompañar a las víctimas durante el proceso judicial y sanitario.
Continúa la capacitación
Durante 2026, 640 personas fueron certificadas en el marco de la Ley Micaela, mientras que se prevé incorporar un agente de inteligencia artificial al proceso de formación.
Además, se profundizó la capacitación de las fuerzas policiales, consideradas una de las primeras líneas de auxilio frente a una situación de violencia.
Con la actual emergencia a pocos días de vencer, el Senado busca así extender por dos años una herramienta que considera necesaria para sostener la asistencia y protección, en un escenario marcado por el aumento de las denuncias, la creciente demanda de atención y siete femicidios registrados en lo que va del año.
