Una propietaria de La Quiaca Vieja denunció que le expropiaron sus tierras y que le pagaban menos de $90.000. La concejal Marcela López exige saber quién manejará las 1.200 hectáreas en zona de frontera, pero el oficialismo archivó el pedido de informe.
La concejal Marcela López puso el foco sobre el convenio que firmó el gobernador Carlos Sadir con las autoridades municipales para instalar la Zona Franca en La Quiaca. Según advirtió, el acuerdo reserva un predio que podría trepar a 1.200 hectáreas en plena zona de frontera, aunque los anuncios públicos hablaban de solo 50 hectáreas iniciales.
La edil viene reclamando información sobre el uso del suelo, el impacto ambiental y las garantías de trabajo local. El pedido de informe que presentó en el Concejo Deliberante no prosperó.
El pedido de informe que quedó archivado
“Hice un pedido de informe solicitando al Intendente que detalle la situación de las tierras, el impacto ambiental y las garantías de trabajo local. Lamentablemente, el oficialismo que responde al intendente se negó a aprobarlo, utilizando su mayoría para archivar el debate y ocultar la información a la población”, fustigó López en diálogo con Radio 2.
Para la concejal, la falta de transparencia no es un detalle menor: el proyecto involucra un área estratégica de frontera y define qué pasará con tierras y actividades productivas en las inmediaciones de La Quiaca Vieja, a metros del límite con Bolivia.
De 50 a 1.200 hectáreas: la escala que no se informó
Uno de los puntos más alarmantes que marcó López es la verdadera dimensión del enclave comercial e industrial. Los anuncios oficiales hablaban de un terreno inicial de 50 hectáreas, pero las cláusulas del acuerdo contemplan una ampliación de hasta 1.200 hectáreas.
En ese contexto, la concejal reveló el caso de una propietaria de La Quiaca Vieja que la contactó conmocionada.
“Una propietaria de La Quiaca Vieja se comunicó conmocionada con mi persona para denunciar que han sufrido la expropiación de sus tierras y que el monto que les estaban pagando no superaba los $90.000. Queremos saber de quién son esas tierras, quién va a manejar semejante extensión en zona limítrofe y cuáles son las multas por incumplimiento de obras anunciadas desde 2019”, alertó.
Ante el blindaje municipal, López confirmó que evalúa viajar a la capital provincial para articular con diputados de la oposición en la Legislatura de Jujuy. La idea es exigir que se inste al Poder Ejecutivo a publicar la letra chica del contrato de concesión celebrado con la firma adjudicataria.
La disputa por la medida cautelar y el manejo en el Concejo
López también se refirió a las tensiones comerciales en la frontera tras las recientes resoluciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La edil desmintió los comunicados oficiales del municipio que se adjudicaban la suspensión temporal de las restricciones comerciales.
En primer lugar, aclaró que la prórroga de 120 días obedece a presentaciones judiciales impulsadas por el Gobernador de Salta y jefes comunales salteños, y no a gestiones de la Intendencia de La Quiaca.
En segundo término, denunció que el oficialismo aprobó la adhesión a acciones legales sin poner a disposición de la oposición las copias de los dictámenes ni la documentación respaldatoria.
“Acá lo que se reclama es claridad y responsabilidad institucional. No se trata de oponerse por oponerse, sino de defender el patrimonio de los quiaqueños, asegurar que el desarrollo quede para la comunidad local y evitar que las tierras de frontera terminen en manos ajenas sin dejar ningún beneficio a la ciudad”, concluyó la legisladora comunal.
