Una prepaga deberá pagar una multa de $30 millones por incumplir un tratamiento en San Juan

La Justicia Federal de San Juan aplicó una multa procesal de más de $30 millones a Medifé por incumplimientos parciales en la cobertura de un joven con discapacidad. El paciente, identificado como Acosta de León, necesitaba tratamientos psiquiátricos, psicológicos y metabólicos que la empresa no garantizaba en su totalidad.

El abogado Marcelo Arancibia, representante del joven, explicó a Canal 13 que la causa ya cuenta con una medida cautelar que obliga a la prepaga a brindar las prestaciones. Sin embargo, denunció que la firma incurrió en incumplimientos sutiles: no negaba todo el tratamiento, sino que otorgaba solo una parte.

"El problema es que los incumplimientos son muy sutiles. No es que son incumplimientos totales, sino parciales", señaló Arancibia. En tratamientos prolongados, advirtió, esa falta de cobertura completa puede impedir el progreso y la recuperación del paciente.

Una multa para que la prepaga cumpla

Ante la falta de cumplimiento total de la resolución judicial, la Justicia aplicó una multa procesal que supera los 30 millones de pesos. Arancibia sostuvo que el objetivo de estas sanciones es presionar a la empresa para que acate lo establecido por el tribunal.

El letrado remarcó que la demora en las prestaciones tiene consecuencias directas sobre la salud del paciente. "El sistema de salud público y privado, nacional y provincial está colapsado", afirmó, y cuestionó que las cuotas de las prepagas aumenten por encima de la inflación y de los salarios.

Reclamos que se repiten

El caso de Acosta de León no sería un hecho aislado. Arancibia aseguró que crece la cantidad de amparos por falta de cobertura médica, tanto en prepagas como en obras sociales sindicales. "Si uno va a la Justicia Federal y pregunta cuáles son las causas más comunes, te van a decir una demanda masiva de amparos médicos", afirmó.

El abogado cuestionó que los afiliados tengan que recurrir a los tribunales para obtener prestaciones que ya están garantizadas por contrato. También apuntó contra el nomenclador que regula los valores de las prestaciones para personas con discapacidad, al considerarlo desactualizado frente a los costos reales de los servicios.

El costo para las familias y el Estado

La judicialización de estos reclamos implica tiempo y trámites para los pacientes, mientras los tratamientos siguen siendo necesarios. "Esto significa tiempo y pierde el paciente poder atender su estado de salud", advirtió Arancibia.

Cuando una prepaga no cubre una prestación, muchas familias terminan recurriendo al sistema público para sostener los tratamientos. "Algunas personas quedan a la buena de Dios y otras recurren al Estado", sostuvo el abogado, quien consideró que así se traslada al sistema público un costo que debería asumir la empresa de medicina prepaga.

Mientras la causa continúa en la Justicia Federal, la medida cautelar sigue vigente y el reclamo apunta a que Medifé cumpla de manera completa con las prestaciones indicadas para Acosta de León. El caso vuelve a poner bajo la lupa las dificultades que enfrentan pacientes y familias para acceder a tratamientos de salud y el creciente recurso a los amparos judiciales para garantizar las coberturas.