Una práctica de tiro terminó con un aspirante muerto: ahora cinco militares fueron condenados

Cinco integrantes del Ejército fueron condenados por la muerte de José Javier Bechis, un aspirante a soldado voluntario de 19 años que falleció durante una práctica de tiro en San Luis en noviembre de 2019. La Justicia determinó responsabilidades tanto en quien disparó el arma como en quienes debían controlar el ejercicio.

Bechis era uno de los 50 aspirantes que participaban del entrenamiento con fusiles FAL. En medio del ejercicio, un disparo impactó contra él y le provocó la muerte. Con el avance de la investigación se estableció que el proyectil salió del fusil de otro aspirante, que manipuló el arma de manera imprudente e imperita.

Pero la responsabilidad penal no quedó solo en quien apretó el gatillo: la Justicia también encontró fallas en los controles y en la supervisión de la práctica.

El arma que pasó todos los controles y nadie revisó

Uno de los ejes de la investigación fueron las fallas en los protocolos de seguridad. El fusil que provocó la muerte de Bechis había sido sometido a varios controles antes del disparo. Sin embargo, ninguno de esos procedimientos detectó que todavía quedaba una munición alojada en la recámara.

Esa situación puso bajo la lupa la actuación de los responsables del entrenamiento y las medidas para garantizar que las armas estuvieran descargadas y se manipularan según los reglamentos.

Las condenas, una por una

El sargento Carlos Gustavo Lebrón y el cabo primero Sergio David Winter Morán recibieron un año de prisión en suspenso por negligencia e inobservancia de los reglamentos. El cabo Enrique Martín Zárate fue condenado a dos años y 10 meses de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación especial por los incumplimientos atribuidos a su actuación durante la práctica.

Las condenas alcanzaron a integrantes de distintos niveles de la estructura militar que tenían funciones vinculadas con el desarrollo y la seguridad del ejercicio.

El aspirante que disparó y el director de tiro

Elías Luciano Muñoz tenía 18 años y era aspirante a soldado voluntario al momento de la tragedia. La Justicia determinó que fue quien efectuó el disparo mortal. En mayo, la jueza federal Gretel Diamante homologó un acuerdo de juicio abreviado mediante el cual Muñoz admitió su responsabilidad penal. Fue condenado a tres años de prisión en suspenso por haber disparado el arma de manera "imprudente e imperita", y se le impuso una prohibición de usar, portar o tener armas de fuego durante cinco años.

La misma pena recibió Alejandro Agustín Díaz Garro, quien en aquel momento era teniente del Ejército y estaba a cargo de la jornada como director de tiro. Fue condenado a tres años de prisión en suspenso y seis de inhabilitación por las omisiones vinculadas con la seguridad y la supervisión de la práctica.

De esta manera, la resolución judicial estableció responsabilidades tanto sobre quien manipuló el arma que provocó el disparo como sobre los militares que tenían a su cargo los controles y la conducción del entrenamiento.