Una partera de 87 años y tres rosarinas que no conocen su verdadera identidad: piden que vaya a juicio

La Justicia federal de Rosario dio un paso clave para que Olga Artale da Silva, una obstetra jubilada de 87 años, se siente en el banquillo. El juez Carlos Vera Barros la procesó el 3 de agosto por la supresión y alteración del estado civil de dos mujeres que nacieron a principios de los 80 y que hoy siguen sin saber quiénes son sus padres biológicos.

La causa se reactivó después de un largo tire y afloje entre la defensa de la anciana y los querellantes. Sus abogados habían asegurado que no estaba en condiciones de afrontar el proceso por problemas de salud, pero los estudios médicos presentados en marzo determinaron que solo padece un "deterioro cognitivo leve".

Las denuncias que destaparon todo

Ana Alzugaray y Romina Lobos se presentaron por separado en Tribunales, cada una con sus propias dudas sobre el vínculo genético con quienes las criaron. Ambas nacieron en la ciudad a comienzos de los 80, pero sus historias son distintas. La Capital confirmó además que Paola Gianmaría también denunció a la misma médica en una presentación posterior.

El primer interrogatorio a Artale fue en mayo de 2025. Sus representantes legales argumentaron entonces que padecía "olvidos involuntarios y déficit cognitivo de memoria" como consecuencia de un accidente laboral y un golpe reciente. La declaración pedida por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos del MPF no prosperó: el tribunal dispuso que un gabinete interdisciplinario la evaluara.

Los exámenes de ese momento concluyeron que la mujer no podía afrontar el proceso por la denuncia de Lobos, cuyo certificado de nacimiento falso firmó el 5 de agosto de 1982. La abogada querellante rechazó el dictamen porque el diagnóstico no precisaba si los problemas eran transitorios o permanentes. En diciembre, el Juzgado Federal 3 de Rosario suspendió el trámite y pidió un nuevo examen. Meses después, el resultado fue el opuesto.

La causa se reanudó el 2 de julio con una segunda indagatoria, esta vez por el caso de Ana Alzugaray, nacida el 11 de junio de 1981 en Maciel. La fiscal Soledad García sostuvo que la anciana no cometió un error al firmar los certificados, sino que fue una maniobra deliberada para ocultar las apropiaciones.

Una médica procesada a 40 años de los hechos

Un mes después de esa última presentación, Vera Barros procesó a la partera por supresión y alteración del estado civil de una persona menor de diez años, en concurso real con falsedad ideológica de instrumento público. El juez consideró que su conducta no puede tomarse como un error administrativo y que probablemente haya hecho un uso consciente de sus facultades profesionales para mentir sobre el nacimiento de las bebas en los documentos oficiales.

Según fuentes vinculadas a la oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas, que conduce la fiscal García, la labor de la partera fue "indispensable para engañar al Registro Civil y consolidar una filiación inexistente". Eso impide que las denunciantes conozcan hasta hoy su verdadera identidad biológica, una situación que se repite en el caso de Gianmaría, nacida en 1976.

Por ahora, la anciana permanece en libertad porque el juez no encontró un riesgo procesal que justifique dictar la prisión preventiva. Los investigadores esperan que el caso llegue a juicio para que haya una sentencia, aunque no es lo único que les preocupa.

Un pedido de ayuda para encontrar a las madres

Ante la repercusión que tuvieron las causas de Dolly y Olga, el MPF lanzó un pedido de colaboración a la población para dar con las madres biológicas de Romina Lobos y Ana Alzugaray. La búsqueda apunta a mujeres que hayan dado a luz en fechas cercanas a las que figuran en los certificados de nacido vivo, a mediados de 1981 y 1982.

Quien tenga información puede comunicarse con el Área de Casos Complejos, Económicos y Trata de Personas al 341-2-859127 o escribir a [email protected], donde también se brinda asesoramiento a través del Área de Atención y Acompañamiento a las Víctimas de la Unidad Fiscal de Rosario.

Hasta el momento, todos los informes periciales fueron concluyentes: se descartaron los vínculos genéticos con los padres adoptivos mediante análisis del Cuerpo Médico Legal del Poder Judicial de Santa Fe y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). La comparación con los perfiles del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) también dio negativa.

Dos búsquedas, dos historias

Ana Carolina Alzugaray se crió en Maciel. En su partida de nacimiento figuraba como hija de Clorinda Carolina Ceresole y José Manuel Alzugaray, aunque siempre supo que no tenían un vínculo biológico. Esa verdad estaba oculta detrás de la firma de la médica, que pasó por distintos centros de salud públicos y privados.

Su padre adoptivo le contó que había conocido a Olga por intermedio de su hermana Susana, que tenía relación con su esposa. Así llegaron a una casa del barrio Parque, en Riccheri al 2000. La víctima intentó varias veces hablar con la obstetra para obtener datos sobre su madre biológica, pero siempre recibió la misma negativa: la mujer decía que no se acordaba y le pedía que dejara de molestarla.

La historia de Romina es más reciente. Empezó a dudar de su identidad a los 30 años. Su padre, José Lobos, ya había muerto y su madre, Esther Candusso, se negaba a contestar cuando preguntaba por qué no había fotos de su embarazo. En mayo de 2022, la familia de crianza organizó una reunión para contarle la verdad. Para entonces, su madre estaba internada en un geriátrico con diagnóstico de demencia. Fueron sus primas las que expusieron la situación y recordaron que la mujer había amenazado con autolesionarse si alguien revelaba el secreto de la apropiación.

Antes de que se abriera la causa penal, las denunciantes habían intentado descubrir la verdad por otros caminos. Las consultas en distintos organismos estatales revelaron que Artale de Silva ya había sido mencionada por su participación en partos clandestinos y en la firma de certificados que luego recibían distintas parejas para anotar a niños y niñas con una identidad biológica falsa.

El caso ganó repercusión rápidamente y, al igual que ocurrió con Dolly y su hermana, abre la puerta a otras búsquedas inconclusas o dudas sobre nacimientos registrados desde fines de los 60. La línea histórica es extensa y el mapa para rastrear su actividad también. La partera pasó por los sanatorios Plaza y Rosendo García, estuvo en el Hospital Provincial, el Samco de San Lorenzo, el hospital de Cañada de Gómez y trabajó nueve años en Casilda hasta que se jubiló en 2011. Desde entonces, no hay respuestas sobre las madres cuya identidad ocultó.