Una obra millonaria, una multa que se licuó y un acuerdo que la oposición quiere que investigue la Justicia

La obra del Gasoducto Troncal Lavalle Catamarca quedó paralizada, pero la polémica recién empieza. El partido GENERAR presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue una posible maniobra contra la administración pública que habría perjudicado el patrimonio provincial.

La presentación lleva las firmas de los diputados provinciales Tiago Puente, Natalia Herrera, Mamerto Acuña y Laura Quintero. Piden reconstruir toda la cadena de decisiones: desde la compra anticipada de la cañería en 2021, la licitación y adjudicación en 2022, la ejecución y certificación, la rescisión del contrato en 2024, hasta el Acuerdo Conciliatorio firmado en mayo de 2026.

Una multa que se derrumbó

El corazón de la denuncia es ese acuerdo. La Provincia le había aplicado a la empresa MEGA S.R.L. una multa contractual de $1.963 millones por incumplimientos. Sin embargo, terminó aceptando un pago de apenas $301 millones, es decir, poco más del 15% de la sanción original.

Pero eso no fue todo. El convenio también liberó garantías por $922 millones, incluyó la renuncia a reclamar eventuales perjuicios y hasta modificó los antecedentes registrales de incumplimiento de la firma. Los legisladores quieren saber qué informes económicos, contables o de evaluación de riesgo judicial respaldaron semejantes concesiones.

¿Dónde está la cañería?

El otro eje de la denuncia apunta al destino de los materiales. La Provincia pagó $1.827 millones por unos 116 kilómetros de cañería de acero que estaban destinados exclusivamente a esta obra, que hoy está paralizada e inconclusa.

La denuncia pide una constatación física y un inventario urgente en los predios de acopio. El pliego exigía que cada caño esté identificado individualmente con estencilado, así que se puede determinar con precisión cuánto material se incorporó a la obra, cuánto queda y en qué estado se encuentra.

Un conflicto de intereses institucional

La presentación también marca una cuestión delicada: el Acuerdo Conciliatorio fue suscripto por el Fiscal de Estado en comisión, es decir, por el mismo organismo que tiene a su cargo defender los intereses patrimoniales de la Provincia y que ahora debería representarla como eventual damnificada. Por eso, los diputados pidieron que se tomen los recaudos necesarios para preservar esa representación.

El presidente del bloque, Tiago Puente, fue contundente: “No estamos anticipando culpables ni reemplazando a la Justicia. Estamos pidiendo que se investigue por qué la Provincia resignó más de mil seiscientos millones de pesos de un crédito propio, liberó garantías y borró antecedentes de una empresa que había incumplido, y que se diga con qué informes se tomó esa decisión. Si esas razones existen, que se muestren. Y si no existen, que se determine quién decidió y por qué”.

Entre las medidas urgentes que solicitan se cuentan: la constatación e inventario de la cañería, la preservación integral de los expedientes administrativos y de los registros del sistema de gestión documental electrónica, información sobre el estado de cumplimiento del acuerdo y la realización de pericias de ingeniería y contables para cuantificar el eventual perjuicio.

El bloque sostuvo que el control de la obra pública y la defensa de los recursos provinciales forman parte de las obligaciones que asumió ante los catamarqueños.