Una mujer quedó imputada por lo que habrían hecho cuatro personas en plena madrugada

La Fiscalía de Bariloche formuló cargos contra una mujer a la que señala como la instigadora de un ataque ocurrido en la vía pública, que habría sido ejecutado por cuatro personas. La víctima, un hombre, sigue internada y todavía no pudo declarar.

Según la acusación, el hecho se produjo durante la madrugada del 6 de septiembre, entre las 4 y las 5, cuando cuatro individuos habrían interceptado al hombre y lo habrían golpeado en distintas partes del cuerpo. Entre las lesiones sufridas hay una herida en el abdomen provocada con un arma blanca.

El fiscal Facundo D’Apice y la fiscal adjunta María José Jalil sostienen que la imputada habría impulsado el ataque en el marco de un conflicto previo con la víctima. La Fiscalía aclaró que tanto la calificación legal como el grado de participación que se le atribuye son provisorios y podrían cambiar conforme avance la investigación.

Qué pruebas reunió la Fiscalía

Hasta el momento, el legajo incluye registros de cámaras de seguridad de viviendas y comercios cercanos al lugar del hecho, además de testimonios de personas que presenciaron distintos tramos de la secuencia o que estuvieron con la víctima antes del ataque.

También se realizaron allanamientos y se secuestraron teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes. La declaración de la víctima se incorporará cuando su estado de salud lo permita.

Durante la audiencia, la mujer imputada prestó declaración y negó haber intervenido en el hecho. Su defensor penal adjunto, Nahuel Benac, no se opuso formalmente a la formulación de cargos ni al plazo pedido por la Fiscalía.

El juez de garantías Juan Pablo Laurence consideró que, en esta etapa inicial, existen elementos suficientes para habilitar la continuidad de la investigación.

Restricciones y plazo de la causa

El magistrado dispuso medidas cautelares para proteger a la víctima, a sus familiares y a quienes declararon en el legajo. La imputada deberá mantener una distancia mínima de 200 metros respecto de ellos y tendrá prohibido contactarlos, ya sea de manera directa o por intermedio de terceros, por cualquier medio.

La investigación se extenderá hasta el 11 de febrero de 2027, período en el que se seguirán reuniendo elementos para determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

El juez también autorizó la apertura y el análisis del teléfono celular secuestrado, aunque limitado al período cercano a la fecha en que ocurrió el hecho.