Una mujer pagaba para que no difundieran sus fotos íntimas: el rastro llegó hasta una cárcel de Santa Cruz

Una denuncia por amenazas en Los Antiguos activó una investigación que terminó con allanamientos simultáneos en el Módulo Penitenciario N.º 2 de Pico Truncado y en viviendas particulares. La Policía de Santa Cruz sostiene que las maniobras eran planificadas por personas privadas de su libertad.

Todo empezó lejos del lugar donde finalmente se concentró la pesquisa. Una mujer denunció que estaba siendo presionada para entregar dinero y que detrás de las exigencias había una amenaza particularmente delicada: si no realizaba transferencias a cuentas de billeteras virtuales, divulgarían imágenes íntimas de ella.

La denuncia puso en marcha una investigación que fue siguiendo teléfonos, contactos y mecanismos utilizados para recibir el dinero. Ese rastro llevó a los investigadores hacia otros puntos de la zona norte provincial.

El dato que cambió la dimensión del caso

Durante las tareas investigativas apareció el elemento que modificó por completo el alcance de la causa: la Policía sostiene que las maniobras eran planificadas por personas privadas de su libertad. La pesquisa desembocó en el Módulo Penitenciario N.º 2 de Pico Truncado.

Por orden del Juzgado de Instrucción de Las Heras, a cargo de Eduardo Quelón, con intervención de la secretaria de Instrucción Elina Soledad Aguilera, se montó un operativo simultáneo que alcanzó al establecimiento penitenciario y a domicilios particulares de Pico Truncado.

La intervención no se limitó a una celda. Según el reporte policial difundido posteriormente, fueron inspeccionadas numerosas celdas, mientras los internos eran examinados por profesionales médicos del hospital local. Participaron investigadores de Pico Truncado y Caleta Olivia, Fuerzas Especiales, Infantería y personal de la Comisaría Primera.

Qué secuestraron en los procedimientos

La Policía informó el secuestro de siete teléfonos celulares, una tarjeta SIM y anotaciones manuscritas que contenían direcciones de correo electrónico, alias de cuentas y números telefónicos vinculados con la investigación. También fue incautado un libro de visitas del establecimiento penitenciario.

Ese elemento aparece ahora como una de las piezas potencialmente más relevantes: cruzar los contactos registrados, los teléfonos encontrados, los alias utilizados para recibir dinero y los movimientos de las billeteras virtuales podría ayudar a establecer cómo se conectaban quienes estaban dentro del penal con personas del exterior. Esa relación todavía deberá ser determinada judicialmente y no corresponde afirmar por ahora que cada persona que aparece en esos registros haya participado del delito.

Además, la Policía secuestró un motovehículo cuya propiedad no pudo ser acreditada.

Tres detenidos y una segunda etapa por delante

Las primeras informaciones policiales posteriores a los allanamientos señalaron que cuatro personas mayores de edad quedaron vinculadas a las actuaciones y tres de ellas permanecían detenidas. El parte ampliado difundido luego por el portal policial confirmó los allanamientos y detalló los elementos secuestrados, aunque no volvió a precisar la situación procesal individual de esas personas.

La investigación tiene ahora una segunda etapa posiblemente más compleja que los propios allanamientos: peritar los celulares, determinar quién los utilizaba, reconstruir las comunicaciones y seguir el dinero.

Los alias de billeteras virtuales pueden permitir identificar titulares, receptores y movimientos posteriores de los fondos. Los números telefónicos y correos encontrados, en tanto, podrían servir para establecer si la denuncia de Los Antiguos fue un hecho aislado o si existieron otras personas sometidas al mismo mecanismo.

La pregunta que deja el caso

La causa también abre un interrogante inevitable: cómo podían organizarse presuntas extorsiones digitales desde una unidad penitenciaria y qué conexiones eran necesarias fuera del penal para cobrar o mover el dinero.

Hasta ahora, lo comprobado oficialmente es que una denuncia por amenazas con imágenes íntimas derivó en allanamientos dentro de una cárcel y viviendas particulares, y que los investigadores encontraron celulares, una SIM, alias, teléfonos, correos electrónicos y documentación que quedó incorporada al expediente.

Lo que falta determinar puede ser todavía más importante: cuántas personas integraban realmente la maniobra, cuánto dinero llegó a transferirse y si hubo más víctimas que todavía no denunciaron.