Una mujer desmiente en redes la supuesta usurpación de su casa familiar en Maco

Una denuncia por Facebook sobre la venta ilegal de una casa en Maco tuvo una respuesta contundente. La verdadera propietaria salió a desmentir los hechos con documentos que acreditan su posesión. ¿Qué pruebas presentó para demostrar que la propiedad es de su familia?

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Una mujer desmiente en redes la supuesta usurpación de su casa familiar en Maco

Una publicación en Facebook que denunciaba la venta ilegal de una vivienda en Maco desató una polémica que obligó a la verdadera dueña a salir al cruce con documentos en mano. Alejandra Soria aclaró públicamente que la propiedad, ubicada a la vera de la ruta del empalme, le pertenece a su familia, desmintiendo punto por punto los dichos de la supuesta denunciante.

La situación se originó a partir de una investigación de la Unidad Fiscal de Tierras, que tomó conocimiento de una denuncia por usurpación y venta irregular de terrenos difundida en la red social. En el centro de la controversia quedó una usuaria identificada como Zaida Gili, quien incluso publicó fotografías de la propiedad en cuestión afirmando ser su propietaria.

Frente a estas acusaciones públicas, Alejandra Soria no tardó en responder. La mujer sostuvo que las afirmaciones de Gili “no se adecúan a la verdad real de los hechos” y que la denunciante se equivoca al reclamar la titularidad de la casa.

¿Qué documentación presentó la verdadera dueña?

Con firmeza, Soria explicó la procedencia legal del terreno. Detalló que el lote fue adquirido en su momento por su padre y que, tras el fallecimiento de él, la propiedad pasó a ser de su madre, de ella misma y de sus hermanos. “La propietaria soy yo y mi familia”, afirmó de manera categórica.

Para respaldar sus dichos, la mujer no se limitó a declaraciones. Acompañó su desmentido con toda la documentación que avala la legítima posesión familiar del inmueble, buscando cerrar cualquier duda sobre la situación jurídica de la casa.

La aclaración pone en evidencia los riesgos y conflictos que pueden generarse a partir de acusaciones realizadas en plataformas digitales, especialmente cuando involucran bienes inmuebles. El caso también muestra cómo los propietarios recurren a las mismas redes para defender sus derechos ante acusaciones públicas.

La Unidad Fiscal de Tierras, que sigue la investigación, ahora cuenta con las dos versiones enfrentadas y la documentación presentada por una de las partes. El desenlace legal dependerá del análisis exhaustivo de las pruebas por parte de los fiscales intervinientes.

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