Una madre agotó todas las vías y lo que logró con un fallo judicial dejó un precedente histórico

Un oficial de justicia notificó formalmente a las autoridades de una institución educativa privada sobre una resolución judicial que ordena asegurar la inclusión y continuidad escolar de un niño. El procedimiento se concretó este viernes, pasado el mediodía, en un establecimiento de calle Pringles, tras un prolongado proceso sin respuestas satisfactorias.

La decisión de acudir a la Justicia fue tomada luego de entre seis y siete meses de gestiones y recopilación de pruebas, que incluyeron más de cien fojas. La madre del menor, la abogada María Belén Molina, impulsó una acción de amparo que finalmente hizo lugar a sus reclamos.

Según explicó la letrada, “La Ley de Educación reconoce el derecho de todos a acceder a la educación, pero en algunos casos ese derecho se ve limitado en instituciones privadas”. Molina, quien se autorepresentó junto a dos colegas, destacó que el alcance del fallo trasciende el caso individual.

“Esta resolución no es solo por mi hijo, es para todos los niños en condición de discapacidad. Es un antecedente importante que puede ser utilizado en otras situaciones similares”, señaló. En ese sentido, consideró que la intervención judicial refuerza la obligación de las instituciones educativas de garantizar la inclusión y el respeto por los derechos de los estudiantes, especialmente en contextos donde existen barreras para su acceso o permanencia.

Finalmente, la madre del menor dejó un mensaje dirigido a otras familias: “Sé lo difícil que es atravesar este proceso. Soy una madre que defiende a su hijo y lo va a seguir haciendo. Es importante animarse a reclamar cuando los derechos no se cumplen”, expresó.