Una jueza frenó la ley de imputabilidad a 14 años y ahora LLA quiere destituirla

La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires presentó formalmente un pedido de enjuiciamiento contra Marta Elba Pascual, la jueza que había suspendido en todo el territorio bonaerense la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil. La titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora queda ahora en la mira del Jurado de Enjuiciamiento.

La presentación la hizo el diputado nacional y vicepresidente de LLA bonaerense, Alejandro Carrancio. En el escrito, el espacio libertario sostiene que la magistrada se habría excedido en sus atribuciones al disponer una medida de alcance general sobre una norma sancionada por el Congreso Nacional.

El punto que más cuestiona LLA

Uno de los ejes centrales del planteo apunta al alcance de la resolución. Según la denuncia, Pascual no se limitó a resolver una situación particular vinculada al Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora, sino que estiró los efectos de su decisión a toda la provincia de Buenos Aires.

El escrito también incorpora el fallo posterior de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, que revocó la medida. De acuerdo con lo que reproduce la presentación, el tribunal cuestionó que una decisión judicial pudiera suspender con alcance general una ley aprobada por el Congreso y marcó los límites que impone la división de poderes.

Con esos argumentos, LLA sostiene que el episodio no es solo una discusión sobre la aplicación del nuevo régimen penal juvenil, sino que plantea un conflicto institucional respecto de las facultades de los distintos poderes del Estado. El partido considera que la Justicia debe ejercer el control de constitucionalidad dentro de sus competencias, sin reemplazar las funciones del Poder Legislativo.

Qué pide la presentación

El escrito solicita que el Jurado de Enjuiciamiento analice la actuación de Pascual y determine si corresponde avanzar con un proceso de destitución. Además, pide que se evalúe el apartamiento preventivo de la magistrada mientras se sustancia el trámite.

La decisión de Pascual se había conocido el 7 de septiembre, cuando hizo lugar parcialmente a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por organizaciones vinculadas a la defensa de adolescentes privados de libertad. La jueza había dispuesto suspender durante 60 días la aplicación del nuevo régimen en territorio bonaerense y fundamentó su resolución en las condiciones de infraestructura, recursos y personal disponibles para afrontar la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal.

El planteo generó una fuerte discusión judicial porque la medida no quedó circunscripta a una situación individual. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, al revisar el caso, sostuvo que una ley sancionada por el Congreso mantiene su presunción de legitimidad y que una eventual declaración de inconstitucionalidad debe analizarse frente a un caso concreto. Además, los camaristas ordenaron a Pascual revisar con urgencia su propia competencia para continuar interviniendo en el expediente.

Con la resolución de la Cámara, la Ley 27.801 volvió a quedar vigente en la provincia de Buenos Aires. La normativa establece el nuevo Régimen Penal Juvenil y amplía su aplicación a adolescentes desde los 14 años. El tribunal de alzada también cuestionó que la suspensión general se hubiera sustentado en posibles consecuencias futuras de la implementación de la ley sin que, según su análisis, se hubiera acreditado una afectación concreta y actual de derechos.