Una jueza frena la nueva regla del DHS sobre refugiados: el plazo de 10 días quedó en suspenso
¿Qué pasará con los refugiados que ya recibieron el aviso de cancelación y tenían menos de 30 días para responder? La jueza dejó una protección clave para ese grupo.
La jueza federal Julia E. Kobick suspendió hasta el 6 de noviembre de 2026 la nueva regulación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) que recortaba de 30 a diez días el plazo para que un refugiado defienda su estatus ante una posible cancelación. La medida, según Reuters, respondió a una demanda de organizaciones defensoras de refugiados contra la normativa del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) y contra un plan más amplio de revisión de expedientes.
Qué resolvió la magistrada
En su orden judicial del 27 de octubre, Kobick fundamentó la suspensión en la necesidad de preservar la situación existente y evitar daños irreparables tanto para los demandantes como para los posibles integrantes de la acción colectiva. La decisión también le da tiempo al juez a cargo del expediente para analizar una solicitud de suspensión de mayor alcance.
La resolución prohíbe al DHS y al Uscis aplicar la norma durante diez días, hasta el 6 de noviembre inclusive, y alcanza a sus funcionarios, agentes y a cualquier persona que actúe en representación de las autoridades demandadas.
Qué pasa con quienes ya recibieron notificaciones
Uno de los ejes del fallo son las notificaciones de intención de cancelación que el Uscis emitió entre el 14 y el 27 de octubre. Mientras dure la suspensión, el gobierno federal no puede aplicar aquellas que exigían una respuesta en menos de 30 días.
La jueza estableció que los destinatarios de esos avisos no están obligados a responder y que las autoridades tienen vedado cancelarles el estatus de refugiado por la falta de contestación a esos documentos.
La decisión es provisional y no resuelve la legalidad de la regulación: el juez a cargo del caso podrá modificarla, ampliarla, revocarla o extenderla.
Qué cambiaba la norma del DHS
El Registro Federal publicó la regulación el 14 de octubre bajo el título “Removing 30-Day Refugee Termination Notice”. La medida modificó la sección 207.9 del título 8 del Código de Regulaciones Federales y fijó en diez días el plazo para responder a una propuesta de revocación.
El procedimiento se activa cuando el Uscis considera que una persona no reunía los requisitos legales para obtener la condición de refugiado al momento de ingresar a EE.UU. Antes de retirar esa protección, el organismo debe enviar una Notificación de Intención de Cancelación (NOIT, por sus siglas en inglés), que informa los motivos de la decisión propuesta y permite al extranjero presentar pruebas escritas o pedir una entrevista para defender su situación.
La regulación contemplaba estas condiciones:
Diez días: plazo general para contestar la notificación.
13 días: período total cuando el aviso se enviaba por correo, por los tres días adicionales previstos.
Entrevista oral: posibilidad de solicitar una audiencia dentro del plazo sin necesidad de entregar todas las pruebas en ese momento.
Fines de semana y feriados: si el vencimiento coincidía con una de esas fechas, pasaba al siguiente día hábil.
La revocación del estatus también implica la pérdida de la autorización de empleo y puede derivar en un procedimiento de expulsión. El reglamento no contempla una apelación administrativa ante el Uscis, aunque permite solicitar otras formas de protección durante determinados procesos migratorios.
Cuántos refugiados podrían quedar alcanzados
El DHS estimó que hasta 186.000 refugiados podrían quedar sujetos a la norma. La cifra corresponde a personas admitidas entre los años fiscales 2015 y 2025 que todavía no obtuvieron la residencia permanente. El organismo aclaró que se trata de una población máxima potencial y que el Uscis y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) trabajan para identificar los grupos específicos que requieren nuevas verificaciones.
Para justificar el recorte, el DHS sostuvo que los procedimientos anteriores permitían que personas sin derecho al estatus conservaran beneficios migratorios durante más tiempo, y atribuyó al gobierno de Joe Biden deficiencias en las entrevistas y verificaciones de antecedentes de determinados refugiados.
En ese marco, el gobierno de Trump inició en enero de 2026 la Operación Parris en Minnesota, que contempla nuevas revisiones de antecedentes, entrevistas y evaluaciones de solicitudes de refugio previamente aprobadas.
La norma también abrió un proceso de participación pública: según el documento oficial, los interesados pueden presentar observaciones hasta el 13 de noviembre mediante el portal federal Regulations.gov, bajo el expediente USCIS-2026-0397.
