Una jueza de Río Grande le puso un freno inesperado al proyecto petrolero en Malvinas
Los ex combatientes y abogados ambientalistas lo venían reclamando y ahora una jueza federal les dio la razón: las petroleras deberán frenar todo hasta que se haga la evaluación de impacto ambiental. ¿Qué pasa con la causa penal que avanza en Comodoro Py?
La Justicia Federal de Río Grande ordenó a dos petroleras que se detengan. La jueza federal Mariel Borruto dictó una medida cautelar que obliga a Rockhopper Exploration y a Navitas Petroleum Development and Production Limited a abstenerse de iniciar o continuar cualquier obra vinculada al proyecto Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas.
La resolución alcanza las perforaciones, las instalaciones submarinas y el comienzo de la extracción comercial. Es decir, todo el avance material del emprendimiento queda congelado por ahora.
Quiénes pidieron el freno
El fallo responde a una presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y de la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA). Según la resolución, las compañías deberán detener los actos materiales del proyecto hasta que se realice el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad nacional competente, salvo que el juzgado disponga otra medida.
Una causa penal en paralelo
En simultáneo, el Juzgado Federal N° 11 de Comodoro Py tuvo por impulsada una investigación penal contra Desire Petroleum Limited. El expediente, promovido a partir de un requerimiento del fiscal federal Carlos Stornelli, incluye medidas para reunir información sobre esa firma y sobre el grupo Rockhopper.
Esa causa había sido impulsada tras una denuncia que presentó la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, con la asistencia de la Procuración del Tesoro, que conduce Sebastián Amerio.
Dos procesos, un mismo escenario
Son procesos distintos. La causa de Río Grande tiene un carácter civil y ambiental preventivo. La pesquisa en Comodoro Py busca determinar si hubo exploración o explotación de hidrocarburos en áreas próximas a Malvinas sin autorización argentina.
Las resoluciones recaen, por vías diferentes, sobre empresas ligadas a los proyectos petroleros alrededor de las islas.
