Una jueza de Lomas frenó la ley que baja la imputabilidad a los 14 y ahora tres pesos pesados van por su cabeza
¿Puede una sola jueza de Lomas de Zamora frenar la ley que baja la imputabilidad a los 14? Tres pedidos de juicio político ya piden su cabeza en el Senado y una denuncia penal complica aún más su situación. Qué pasará el 16 de septiembre.
La jueza de Menores de Lomas de Zamora Marta Pascual quedó en el centro de una tormenta política: tres pedidos de juicio político piden su destitución por supuesto "mal desempeño" tras haber suspendido por 60 días la aplicación de la ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.
Las presentaciones se acumularon en apenas cuatro días desde que se conoció la resolución cautelar y ya descansan en la mesa de entradas de la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento del Senado. Detrás de las firmas hay nombres de peso: el diputado provincial Manuel Passaglia (Hechos), el senador Guillermo Montenegro (PRO) y el abogado bonaerense Alfredo Drocchi.
Qué decidió la jueza y por qué desató el escándalo
La cautelar fue dictada en la causa "Federación Familia Grande Hogar de Cristo s/ Habeas Corpus Preventivo Colectivo" y dispuso la suspensión preventiva de la Ley Nacional 27.801 en todo el territorio bonaerense. Esa norma, sancionada en febrero de este año a instancias del Gobierno nacional, establece que la edad de imputabilidad baja de los 16 a los 14 años.
La ley original contemplaba un período de transición de 180 días para que las provincias adaptaran sus estructuras penitenciarias y pudieran alojar a la población adolescente. Al vencer ese plazo, llegó el fallo de Pascual y la reacción no tardó en llegar: desde el oficialismo y sectores políticos cercanos apuntaron directamente contra el gobernador Axel Kicillof.
Una audiencia clave en el horizonte
En la misma resolución, la magistrada convocó a una audiencia para el 16 de septiembre a las 10. Allí, funcionarios bonaerenses de las áreas de Seguridad, Justicia y Niñez deberán detallar qué medidas tomaron y cuáles tienen previstas para implementar el nuevo régimen penal juvenil.
La denuncia penal que se suma a la ofensiva
El miércoles pasado, la ONG Usina de la Justicia había presentado una denuncia penal contra Pascual por supuesta "usurpación funcional y abuso de autoridad". En paralelo, pidió intervenir como amicus curiae en el habeas corpus que frenó la normativa.
Para la entidad, la decisión de la jueza es "absolutamente arbitraria y contraria a Derecho" y viola la división de poderes, porque suspendió una norma aprobada por el Congreso Nacional. Además, sostienen que se basó en "una hipótesis de futuro" al conjeturar sobre un posible aumento de adolescentes detenidos y los consecuentes problemas de alojamiento.
