Una jueza de La Plata ordenó resguardar los registros de tierras rurales: qué hay detrás del fallo que incomoda a Milei

El DNU 70/2023 que desreguló la venta de campos a extranjeros volvió a quedar en la mira de la Justicia. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata, hoy subrogado por Güendalina Sessarego, le dio lugar a un planteo del Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, y le ordenó al Gobierno Nacional que informe y preserve toda la información sobre tierras rurales de la provincia que se haya recopilado mientras estuvo vigente la Ley de Tierras.

La resolución fija un plazo de cinco días para que el Ministerio de Justicia de la Nación precise hasta qué fecha se actualizaron las bases del Registro de Tierras Rurales. Además, exige garantizar la conservación íntegra de todos los antecedentes registrales que se reunieron en los últimos 15 años.

Qué se pierde con la caída de la ley

Desde la Defensoría del Pueblo venían advirtiendo que la derogación de la Ley de Tierras dejó sin efecto los mecanismos de control, el mapa dominial y las restricciones a la venta de campos a titulares extranjeros.

Para Lorenzino, ese vacío "pone en riesgo el conocimiento del territorio y la protección del medio ambiente en distritos con alta concentración de titularidad extranjera, como Campana y Zárate". El funcionario sostuvo que no se puede "permitir la flexibilización o la falta de los controles" porque eso deja a los bonaerenses "a ciegas sobre la soberanía de sus recursos naturales y del suelo rural". Y cerró: "Proteger la información pública sobre nuestro territorio es central para garantizar la sustentabilidad ambiental y los derechos de las futuras generaciones".

Los argumentos de la denuncia

El escrito de la Defensoría pone el foco en los "bienes ambientales y territoriales concretos -suelo, recursos naturales e hídricos- y sobre las condiciones necesarias para el conocimiento, planificación y ordenamiento de la estructura territorial rural de la Provincia de Buenos Aires".

La ley 26.737 armaba un sistema que combinaba límites territoriales, información dominial y catastral, cooperación entre jurisdicciones y controles previos. Eso permitía conocer cómo se componía el territorio rural y medir el efecto acumulativo que podían tener las nuevas operaciones en cada partido.

Según el planteo, "la distribución territorial de la titularidad extranjera presenta diferencias significativas entre los distintos partidos", con Campana y Zárate identificados como los distritos con porcentajes elevados de superficie rural en manos de extranjeros.

Lorenzino también remarcó que el paso del tiempo no es neutral: "podrían celebrarse nuevas operaciones, inscribirse derechos reales y generarse sucesivas relaciones jurídicas cuya reversión futura resultaría progresivamente más compleja". Y advirtió que "una eventual discontinuidad en la actualización de la información podría impedir conocer con precisión las modificaciones producidas durante dicho período".