Una jueza boliviana ordena detener a indígenas salteños en tierras que su propio país reconoce como argentinas
Una jueza boliviana ordenó detener a dos mujeres de la comunidad Tape Iguapegui en tierras que el propio INRA reconoce como argentinas. ¿Hasta dónde llegará el cerco judicial contra los originarios?
En una decisión que desafía los propios informes oficiales de Bolivia, la jueza penal tarijeña Minerva Tárraga Gutiérrez libró el 6 de enero una orden de aprehensión contra integrantes de la comunidad ava guaraní Tape Iguapegui, entre ellas Natalí Vásquez y Vanesa Alemán. La medida fue impulsada por denuncias de productores cañeros que ocupan tierras que el INRA y la Cancillería boliviana reconocen como argentinas.
La orden judicial encontró reparos incluso en la propia policía de Bermejo, que se habría mostrado reticente a ejecutarla. Contrasta con la actitud del capitán de navío Javier Baldivieso, quien años atrás desembarcó con efectivos navales en costas salteñas para amedrentar a originarios, en ausencia del Estado argentino.
Una doble frontera que asfixia
Los pobladores de la banda del río Grande de Tarija viven atrapados entre dos países: del lado argentino no hay caminos ni presencia estatal; del lado boliviano, enfrentan causas penales por defender tierras que el propio gobierno boliviano ubica en Argentina. Cada viaje por comida o atención médica puede terminar en la cárcel. La situación es tan crítica que podría escalar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ocurrió con el reclamo de la asociación Lhaka Honhat por los exlotes 55 y 14 en Santa Victoria Oeste.
Un conflicto que viene de lejos
Las denuncias de la comunidad no son nuevas. En 1994 ya se registró la primera remoción ilegal de hitos fronterizos. En 2014, Gendarmería, AFIP (hoy ARCA) y Aduanas detectaron un contrabando de 70.000 toneladas de caña de azúcar en la zona. Diez años después, una denuncia federal de septiembre de 2024 estima que ese volumen se duplicó, con desmontes ilegales, plantaciones irregulares y cruce de mercadería hacia un ingenio de Bermejo.
La violencia también marcó el avance cañero: amenazas con machetes y armas de fuego, persecuciones, destrucción de recursos, muerte de animales y restricciones al acceso al río Tarija. En 2020, el INAI pidió la intervención del Ministerio de Defensa por denuncias de habitantes de El Trementinal contra ciudadanos bolivianos que ocupaban territorio indígena y bloqueaban el acceso al agua.
