Una fiscal denunció amenazas y ahora vive rodeada de custodia: el operativo que activaron
La fiscal Virginia Palacios denunció amenazas y el Estado le puso custodia las 24 horas: hay un operativo del COAR que la sigue de cerca, pero el dato que explica por qué su vida cambió está en la causa que nadie quiere nombrar.
La fiscal de Juicio María Virginia Palacios quedó bajo un esquema de protección del Comando de Operaciones de Alto Riesgo (COAR) después de presentar una denuncia por amenazas e intimidaciones que, según su versión, pusieron en peligro su integridad y la de su hija.
La medida fue confirmada por la ministra de Seguridad de San Luis, Nancy Sosa, quien precisó que la custodia la dispuso el jefe de la Policía provincial, Juan Carlos Serrano, luego de que la propia fiscal se presentara en la Jefatura Central para exponer su situación.
Qué incluye la custodia
El operativo arrancó el 20 de septiembre e incluye vigilancia permanente en el domicilio de Palacios y acompañamiento durante sus desplazamientos por la vía pública.
La decisión se tomó después de que la funcionaria denunciara haber recibido intimidaciones y ser blanco de versiones que la vinculaban con una causa por el robo de una suma millonaria. La investigación de esos hechos quedó en manos de la fiscal adjunta Antonella Romagnoli, y el dispositivo de protección seguirá vigente según cómo evolucione el expediente.
El origen de la denuncia
En su presentación judicial, Palacios relató que las situaciones que denunció comenzaron después de un operativo realizado en mayo de 2026, en el marco de una investigación que involucró a Jorge “Neneto” Novillo.
Según su relato, a partir de ahí empezaron a circular acusaciones que la ligaban a un supuesto encubrimiento y al ocultamiento de dinero relacionado con el hecho investigado. La fiscal rechazó esas versiones y sostuvo que su difusión afectó su seguridad y su patrimonio. También mencionó testimonios que habría recibido sobre posibles amenazas en su contra.
La amenaza bajo la lupa
Uno de los elementos incorporados a la denuncia es un testimonio según el cual Ernesto “El Tomero” Novillo habría contratado a un hombre identificado como Nicolás Mauricio Gómez, conocido como “el Porteño”, para atentar contra Palacios y contra Jorge Novillo.
Se trata de una denuncia cuya veracidad y alcance deberán ser determinados por la investigación judicial. La fiscal también mencionó otras presentaciones y acusaciones en su contra que forman parte del expediente.
El Ministerio de Seguridad confirmó la protección
La ministra Sosa ratificó que el Estado provincial dispuso el operativo preventivo y remarcó que la prioridad es garantizar la integridad de la fiscal y de su familia mientras avanza la investigación.
La funcionaria indicó que el esquema continuará de acuerdo con las resoluciones que adopte la Justicia y con la evaluación del riesgo.
Mientras tanto, la causa sigue abierta y las circunstancias denunciadas son objeto de investigación. La asignación del COAR constituye una medida de protección y no implica por sí misma una conclusión sobre la responsabilidad de las personas mencionadas en la denuncia.