Una escuela que nadie vio, 300 cargos y la lista que la Justicia ahora quiere abrir

La denuncia por la Escuela 7160 ya dejó de girar alrededor de una sola pregunta. Lo que empezó como la sospecha de que esa unidad educativa no existía terminó convertido en una causa que la Fiscalía de Delitos Económicos de Capital deberá desentrañar: qué estructura administrativa se montó bajo ese nombre, cómo se acumularon los cargos y qué pasó con las personas que figuran en los registros.

La docente cesanteada Celia Alankay es la denunciante. Su abogado, Nicolás Vedia, anticipó que la Fiscalía convocará testigos, analizará la documentación y que luego ampliarán la prueba. "La Fiscalía va a dar inicio a la investigación pertinente, no solamente con la prueba documental, sino también testimonios que se van a aportar y posteriormente vamos a ampliar la prueba", afirmó.

Una nómina con más de 300 nombres

Alankay sostiene que recibió documentación con una nómina superior a las 300 personas. Al intentar verificar el funcionamiento de la institución, aseguró que no encontró edificio escolar, alumnos ni registros que acreditaran una actividad educativa convencional.

"Me envían documentación diciendo: 'Mirá Celia, a ustedes los cesantean injustamente y acá tienen una escuela donde hay más de 300 cargos y entre esos cargos hay personas que no son docentes y funcionarios que cobran sobresueldo'", relató la docente.

Según los papeles que presentó, la Escuela 7160 figura con domicilio en Castañares, en el mismo lugar donde funciona la Comisaría del Menor. Para Alankay, allí no hay ningún establecimiento educativo. "No hay ninguna escuela 7160 y hemos notado en otros lugares que han corroborado que no es así y que no hay un edificio", sostuvo.

La docente fue más allá: "No hay alumnos, no hay informes psicopedagógicos, no hay SINIDE".

Los nombres que aparecen en la lista

Entre las más de 300 personas que figuran en la documentación, Alankay aseguró que hay integrantes de la Asociación Docente Provincial (ADP), familiares y personal administrativo.

"Nos encontramos con personas que pertenecen al gremio, son docentes que cumplen funciones en la ADP, no en el Ministerio de Educación, y figuran hijos de estas personas también dentro de la lista", afirmó.

También mencionó el caso de un liquidador de sueldos que, según la documentación, tendría doble sueldo, y el nombramiento de un joven de 18 años.

El Ministerio de Educación, por su parte, sostiene que se trata de personal efectivamente activo y reubicado en distintas dependencias. Vedia planteó que la Justicia deberá determinar si esas reubicaciones existieron y mediante qué mecanismos se concretaron las designaciones.

Qué delitos se investigan

La denuncia plantea posibles delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y defraudación al Estado. Se trata de las figuras que expusieron los denunciantes y que ahora deberán ser investigadas.

Alankay había presentado la denuncia primero en Cerrillos. Según explicó, el expediente pasó después a la Fiscalía de Delitos Económicos de Capital. Al concurrir a esa dependencia, dijo que advirtió que las pruebas que había presentado al comienzo no estaban incorporadas al expediente.

Para la docente, la causa también expone la situación de los docentes cesanteados. "Estamos tratando de llevar a la familia como sea y darnos con esto es sentirnos cada vez más vulnerados", expresó.

Su reclamo es concreto: que se investigue la documentación y se determine la verdad sobre el funcionamiento de la institución y las designaciones cuestionadas.