La Justicia volvió a fallar a favor de la escuela de San Pedro que atiende a 60 chicos con discapacidad, pero desde la institución advierten que el Estado insiste en recuperar el predio y que la quita de cargos ya dejó a los docentes sin sueldo. Qué hay detrás del nuevo revés para la asociación.
La Asociación para la Rehabilitación Motora (APREM) de San Pedro de Jujuy sumó su tercer fallo favorable en la Justicia frente a un nuevo intento de desalojo impulsado por la Fiscalía de Estado provincial. La entidad atiende a 60 niños, niñas y jóvenes con discapacidad en el barrio 23 de Agosto y denuncia que el Gobierno busca quedarse con el predio para destinarlo a fines comerciales.
La noticia la confirmó la directora de la institución, Lorena Ladrú, en diálogo con Radio 2. Según relató, la abogada de APREM recibió la cédula con la resolución que desestimó el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Estado.
"Nuestra abogada recibió la cédula donde se desestimó el recurso inconstitucional presentado por el Estado provincial. Es la tercera vez que la Justicia falla a nuestro favor", sostuvo Ladrú.
La titular de la asociación fue más allá y apuntó contra el destino que, según denuncia, se le quiere dar al espacio: "El Gobierno busca desalojarnos para comercializar el espacio e instalar oficinas de ANSES, el Instituto de Seguros de Jujuy y hasta una confitería privada".
Una escuela levantada a pulmón por los vecinos
APREM funciona en la calle Guía de Hispano 153 del barrio 23 de Agosto y acumula 29 años de trabajo en contención, educación e inserción laboral de personas con discapacidad. Hoy su matrícula alcanza a 60 alumnos que cursan la escolaridad obligatoria y participan de talleres de formación laboral.
El edificio no fue obra del Estado: lo construyeron la comunidad y las propias familias de los chicos. La institución conserva los comprobantes históricos de cada inversión que permitió levantar las aulas, la cocina, los baños adaptados y las salas de legajos.
Docentes que trabajan sin cobrar
La situación económica de la entidad es crítica. Ladrú contó que ella misma ejerce como directora desde hace seis años sin percibir salario, y que la misma realidad atraviesa a todo el cuerpo docente.
"Antes el Ministerio de Educación enviaba los cargos docentes. Desde que iniciaron las intimaciones de desalojo nos quitaron los cargos y los sueldos para debilitarnos y obligarnos a cerrar", aseveró la docente.
A esa quita de cargos se suma la ausencia de asistencia alimentaria. Los desayunos, meriendas y almuerzos de jornada completa se sostienen únicamente con donaciones de comercios y vecinos de San Pedro, ya que ni el Ministerio de Desarrollo Humano provincial ni el municipio local aportan, según la denuncia de la institución.
Una entidad que sigue activa pese a todo
La falta de respaldo oficial no detuvo el trabajo de APREM. Este año la asociación presentó la primera carroza inclusiva de San Pedro en la Fiesta Nacional de los Estudiantes, donde quedó en el puesto 43 entre 84 establecimientos participantes. Además, fue sede de prácticas para acompañantes terapéuticos de institutos de formación superior.
La directora cerró con un pedido concreto: "Nosotros no pedimos que nos regalen nada, pedimos justicia y el derecho a la educación de nuestros alumnos. La Ministra de Educación prometió ayuda de palabra hace dos meses pero no hay nada firmado. Llevamos años con la incertidumbre de si podremos empezar el ciclo lectivo. El Estado provincial debe dejar de perseguir a una institución que realiza el trabajo que ellos deberían garantizar".
