Una diputada libertaria, en el centro de una denuncia por tres departamentos que nunca llegaron
Un empresario pagó por tres departamentos en Rosario que nunca recibió. La denuncia por estafa apunta al entorno de una diputada libertaria y a las empresas familiares que ya están en concurso. La cifra que complica al holding quedó expuesta en un informe judicial.
La familia de Verónica Razzini enfrenta una denuncia por presunta estafa tras un negocio inmobiliario en el que un empresario pagó unos 300 mil dólares por tres departamentos que nunca recibió. La causa avanza en la Justicia de Rosario mientras la sindicatura de un concurso de acreedores expuso maniobras de vaciamiento en las empresas del grupo.
El denunciante es un empresario identificado como D'Arragona, quien firmó un contrato de compraventa con Nelson Razzini por seis inmuebles ubicados en desarrollos de terceros, pero en los que la familia Razzini mantenía vínculos comerciales. Los primeros tres, lotes en Funes, fueron entregados sin problemas. Los otros tres, departamentos, nunca aparecieron.
Según pudo saber La Capital, D'Arragona buscaba invertir en el mercado inmobiliario y llegó al grupo Razzini a través de un corredor. Le ofrecieron un lote en uno de los últimos barrios privados de Funes y otros inmuebles. El lote se entregó, igual que otros dos terrenos, pero los departamentos jamás se escrituraron.
¿Dónde están los tres departamentos?
Se trata de tres unidades distribuidas en distintos edificios de Rosario, desarrollados por tres constructoras diferentes. Por todas ellas, D'Arragona abonó alrededor de 300 mil dólares mediante boleto de compra. Cuando reclamó la escritura, desde el grupo Razzini no obtuvo respuestas.
Las abogadas del empresario enviaron cartas documento a los desarrollistas. Dos de los tres contestaron: "No tenemos relación con Razzini" y "el grupo nos debe dinero por lo que la operación se dio por terminada". El tercero no aclaró la situación.
Un año después, D'Arragona sigue esperando por tres de las seis unidades que ya pagó. La querella sostiene que la falta de escrituración no se debió a las inconsistencias financieras, sino a maniobras del grupo Razzini para quedarse con el dinero sabiendo que no podría pagar a los desarrollistas ni transferir los inmuebles.
El certificado notarial suscripto por D'Arragona fijaba como fecha límite para completar las escrituras el 7 de julio de 2025. Sin embargo, a fines de ese mes las empresas de los Razzini se presentaron en concurso de acreedores.
La defensa de D'Arragona sostiene que el holding se quedó con el dinero a pesar de saberse insolvente y pidió que se investigue una posible estafa. La familia Razzini niega el delito: argumenta que se trató de un acuerdo comercial que no pudieron cumplir por falta de sustento económico. La condena por estafa, según la gravedad, puede ir de 1 a 6 años.
La sindicatura expuso a los Razzini
En medio de una crisis que ya lleva dos años, el grupo Razzini recibió un duro golpe con el último informe de la sindicatura presentado ante el juez de primera instancia en lo Civil y Comercial de la 8ª Nominación de Rosario, Luciano Juárez.
Para la sindicatura, las cuatro empresas del grupo (Razzini Industrial SRL, Razzini Materiales SRL, Hormigones Ricci SA y Almacén de Obras.com SA) actuaron "de manera inequívocamente unificada, utilizando sus activos e incluso, como se detallará oportunamente, abusando, de manera entrecruzada para ocultar y postergar la exteriorización del estado de cesación de pagos".
El informe sostiene que "el colapso financiero es el resultado de una crisis sistemática coordinada, agravada por decisiones de vaciamiento patrimonial y el uso abusivo de estructuras societarias para enmascarar un estado de impotencia patrimonial estructural".
Según la sindicatura, hasta 2023 las empresas mostraban "crecimiento y sostenibilidad", pero un año más tarde los balances ya estaban en rojo con pérdidas de 667 millones de pesos. Para el año siguiente, solo entre Hormigones Ricci y Razzini Materiales acumulaban una deuda de más de 8 mil millones de pesos.
Las acusaciones más graves recayeron sobre Hormigones Ricci SA, que cerró en agosto de 2024 su ejercicio con pérdidas de 116 millones de pesos, pero al mismo tiempo repartió ganancias entre sus accionistas por más de 299 millones. "Es una maniobra clara de vaciamiento", señaló la sindicatura en el informe al que accedió La Capital.
Además, Razzini Materiales SRL pasó de gestionar 2.663 millones de pesos en 2024 a solo 878 millones en 2025, una caída del 70% de su actividad. "Denota una licuación de existencias sin su correspondiente correlato en el ingreso de disponibilidades", indicó el documento.
Por otro lado, la sindicatura afirmó que Almacén de Obras.com SA, creada en 2020 pero inscripta en diciembre de 2023, nunca registró ventas ni personal, pero fue utilizada para obtener financiamiento bancario y emitir cheques que luego fueron rechazados por falta de fondos. "Los administradores utilizaron la Cuit 'limpia' de Almacén de Obras" para tomar deuda bancaria y librar cheques, explicó la sindicatura, y sostuvo que esa maniobra dilató el colapso del grupo.
Entre las cuatro firmas, el pasivo del grupo Razzini asciende a 13.378 millones de pesos, sumando créditos privilegiados, quirografarios, condicionales y deudas denunciadas que no fueron presentadas a verificar. Los activos, en tanto, superan apenas los 2 mil millones de pesos (más de 4,6 millones de dólares), cifra sujeta a evaluaciones y actualizaciones.
El informe también expone que la familia Razzini no entregó los libros de las sociedades y no pudo dar cuenta de los balances de los últimos años. La sindicatura no responsabilizó individualmente a los integrantes del holding, pero mantiene vigentes las investigaciones.
De los materiales de construcción a la política
Verónica Razzini se formó como empresaria de materiales de construcción en la firma que heredó de su padre, Víctor. Junto a sus hermanos expandió el negocio hasta conformar un holding con presencia en Rosario.
Su salto a la exposición pública se produjo durante un largo conflicto con trabajadores del sindicato de camioneros que conduce Sergio Aladio. Los Razzini ganaron la demanda en la Justicia, fundaron el Movimiento Empresarial Antibloqueo (Meab) y salieron fortalecidos.
Luego fue tentada por la política: en 2023 firmó planilla como candidata de Juntos por el Cambio, bajo la bandera del PRO y de Mauricio Macri, respaldada por el ahora exdiputado Gabriel Chumpitaz. Así llegó a la Cámara baja de la Nación.
En noviembre de 2025, en medio del acercamiento entre el PRO y La Libertad Avanza, Razzini dejó el bloque amarillo y se pasó al violeta, junto al también santafesino Alejandro Bongiovanni, ligado a la Fundación Libertad. La entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, oficializó el pase.
Chumpitaz tomó la decisión como una traición: "Razzini, no tenés palabra ni memoria. Nosotros te hicimos diputada. Hay que defender a los santafesinos y no entregarse a la primera de cambio. Roma no paga traidores", escribió en un tuit.
En esa misma época, Chumpitaz apuntó contra el Grupo Razzini, la empresa familiar de la diputada: "Hasta su propia familia le va a dar la espalda en la empresa concursada que debe más de 10 millones de dólares y dejó colgado a cientos de rosarinos. El que a hierro mata a hierro muere".