Una deuda millonaria que pone en jaque la salud de los adultos mayores: ¿quién pagará la cuenta?

Una crisis financiera en la obra social PAMI está obligando a los sistemas de salud provinciales a absorber una demanda masiva de pacientes, generando deudas millonarias y saturación en hospitales públicos. Gobernadores de todo el país reclaman pagos atrasados mientras los jubilados enfrentan largas esperas para recibir atención médica.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados acumula deudas con la mayoría de las administraciones provinciales, un punto más de fricción entre los gobernadores y la Casa Rosada. Dos mandatarios que reclamaron abiertamente en los últimos días son Osvaldo Jaldo y Martín Llaryora, sumándose a reclamos anteriores de Neuquén que siguen sin resolverse.

Los planteos se relacionan con el hecho de que los jubilados nacionales que no reciben atención en el PAMI terminan siendo atendidos en los sistemas públicos provinciales, que empiezan a saturarse. La misma situación se da con los municipios.

¿Qué dijeron los gobernadores?

“Jamás vamos a dejar a un abuelo sin atender porque la Nación no nos paga”, dijo Jaldo, y recordó que la mayor obra social de la Argentina (5,4 millones de afiliados, incluyendo los veteranos de Malvinas) le debe a la provincia $50.000 millones. “No se escondan más, pongan la cara y los recursos”, planteó Llaryora.

En el caso de Córdoba, fuentes oficiales provinciales estiman en $9000 millones la deuda acumulada con municipios en medicamentos de alto costo. La provincia calcula que PAMI le debe entre $1700 millones y $1800 millones mensuales desde octubre.

¿Cómo respondió el PAMI?

Desde el PAMI, sin dar detalles, indicaron que ya “se empezaron a normalizar los pagos” y que los “primeros impactos ya se ven. La decisión es regularizar en el corto plazo y garantizar previsibilidad en el sistema”. No dieron cifras de cuánto dinero les había habilitado el ministro de Economía, Luis Caputo, aunque se barajó que fueron $150.000 millones, lo que cubre apenas una parte de las necesidades.

¿Qué pasa en otras provincias?

El escenario se repite en distintas provincias. En Santa Fe, Virginia Coudannes, vocera del gobierno de Maximiliano Pullaro, señaló que “el sistema público santafesino está absorbiendo una demanda cada vez mayor. Los afiliados al PAMI representan el 25% de los pacientes con cobertura que se atienden en hospitales y centros de salud de la provincia”.

En Misiones se visualiza un traslado masivo de pacientes del PAMI al sector público de salud que supera el 30%. En Neuquén es más grave aún: dos de cada tres beneficiarios de PAMI en la provincia se atienden en el sistema público. De aproximadamente 69.000 afiliados que PAMI tiene en la región, 43.473 son usuarios activos del sistema público, según estadísticas oficiales.

“Nosotros estamos sosteniendo al PAMI en San Juan”, dijo el ministro de Salud de la provincia, Amílcar Dobladez. A su vez, detalló que “el 80% de las cirugías de cadera en el Hospital Rawson corresponden a afiliados de PAMI” y advirtió que esta situación está saturando los hospitales públicos.

En Mendoza se atiborra el sistema público por la falta de turnos en las clínicas que atienden PAMI. “Lo ideal sería que quienes tienen la cápita de PAMI den respuestas”, señalan desde Salud de la provincia, remarcando que el Estado provincial está financiando y atendiendo una responsabilidad que corresponde a la obra social nacional.

¿Cuál es la situación específica?

De acuerdo a lo informado por el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, todos los días los hospitales provinciales absorben más de un centenar de internaciones correspondientes al PAMI. El funcionario detalló que la deuda también contempla estudios, cirugías y atención ambulatoria. Se está reclamando $35.000 millones a la Nación.

¿Qué dice la dirección del PAMI?

En el PAMI insisten que la situación no es tan grave. “No creo que tengamos un momento de crisis. Llevo 20 años en la institución y ha habido situaciones mucho más difíciles que la que podemos tener ahora”, afirmó Esteban Leguízamo, director ejecutivo de la obra social. “Quiero llevar tranquilidad a todos nuestros afiliados de que no hay corte de servicios y que la prestación sigue en forma normal”, afirmó.

¿Qué muestran los datos oficiales?

Los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación sobre la variación real interanual del gasto público en el primer trimestre muestran que los fondos para las prestaciones del PAMI se contrajeron 41,3%. El instituto tiene asignado este año $10,17 billones.

“Si bien cuenta con el doble de recursos por afiliado que otras obras sociales, el gasto es cuatro veces más” por la característica de los adultos mayores, explica el economista Jorge Colina, de Idesa, quien resalta que hoy el instituto equivale a 1% del PBI.

¿Cómo se distribuye el gasto?

Este año, por afiliado cuenta con unos $160.000 mensuales. La distribución del gasto es alrededor de 40% para prestadores, 38% para medicamentos, 5% para insumos médicos, 2% para discapacidad, 4% para geriatría, 1% para asistencia social, 3% para prestadores propios y 7% para administración.

“Hay un desfinanciamiento estructural, lo que sumado a las fallas de gestión genera un combo muy complicado. El problema se irá profundizando por el envejecimiento poblacional”, agrega Colina.

¿Qué dicen los expertos?

Graciela Ocaña, quien fuera directora del PAMI entre 2004 y 2007, señaló que “el Tesoro debe girar ese dinero. En 2025 lo cubrió con Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que no se distribuyeron entre las provincias. En 2026 hay un recorte y, además, en una economía donde se pierde empleo en blanco, estamos en el peor de los mundos. Luis Caputo decidió poner en las espaldas de las personas mayores el recorte”.

Para el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, una crisis “de esta dimensión es un proceso que veníamos advirtiendo hace meses. Se lo avisé a las autoridades del PAMI. Íbamos viendo flaquear las prestaciones en el interior, donde abundan copagos, se caen clínicas porque no tienen espaldas financieras, se atrasan internaciones y en los geriátricos la lista de espera es interminable. Está afectadas todas las prestaciones”.

¿Qué pasa con los médicos de cabecera?

En el caso de los médicos de cabera que cobran por cápita, el PAMI resolvió aumentarla de $900 a $2100 pero eliminarle los adicionales con los que llegaban a unos $5500. “Les asignan entre 800 y 1000 jubilados a cada profesional, una cantidad que no pueden atender. No deberían tener más de 300, pero entonces el instituto debería gastar más. Como no dispone de recursos, les da más pacientes. Una cifra imposible”, afirma Semino.

Y agrega: “Cuando no tenemos médico de cabecera no tenemos entrada al sistema, porque son ellos los que deben derivar. Para los médicos es una changa; en muchos casos los jubilados conocen más a la secretaria que al médico porque son las que se encargan de las recetas. Tampoco se hace prevención, el gran negocio es la enfermedad, no la salud”.