Una deuda millonaria con las provincias que tiene en jaque al sistema de salud: ¿quién pagará la cuenta?

Los sistemas públicos de salud de varias provincias están al borde del colapso por absorber la atención de jubilados del PAMI, mientras la obra social nacional acumula deudas millonarias que los gobernadores reclaman con urgencia. La situación ha generado un enfrentamiento directo con la Casa Rosada, donde los mandatarios exigen soluciones inmediatas para una crisis que afecta a miles de adultos mayores en todo el país.

Dos gobernadores han elevado su voz públicamente en los últimos días. Osvaldo Jaldo, de Tucumán, denunció que el PAMI le debe a la provincia la suma de $50.000 millones. “Jamás vamos a dejar a un abuelo sin atender porque la Nación no nos paga”, afirmó el lunes pasado, instando a las autoridades nacionales a “poner la cara y los recursos”.

Por su parte, el cordobés Martín Llaryora se sumó al reclamo. Fuentes oficiales de Córdoba estiman que la deuda acumulada con municipios por medicamentos de alto costo asciende a $9.000 millones, y calculan que el PAMI les adeuda entre $1.700 millones y $1.800 millones mensuales desde octubre.

¿Qué está pasando en otras provincias?

El escenario se repite con gravedad variable en distintas regiones. En Santa Fe, la vocera del gobierno, Virginia Coudannes, señaló que “el sistema público santafesino está absorbiendo una demanda cada vez mayor”, donde los afiliados al PAMI representan el 25% de los pacientes con cobertura en hospitales y centros de salud provinciales.

Misiones reporta un traslado masivo de pacientes del PAMI al sector público que supera el 30%. La situación es aún más crítica en Neuquén, donde dos de cada tres beneficiarios de la obra social se atienden en el sistema público. De aproximadamente 69.000 afiliados que el PAMI tiene en la región, 43.473 son usuarios activos del sistema público neuquino.

“Nosotros estamos sosteniendo al PAMI en San Juan”, afirmó el ministro de Salud provincial, Amílcar Dobladez, detallando que “el 80% de las cirugías de cadera en el Hospital Rawson corresponden a afiliados de PAMI”. En Mendoza, el sistema público se atiborra por la falta de turnos en las clínicas que atienden a los afiliados, tensionando al máximo los recursos humanos y materiales.

La respuesta del PAMI y el Gobierno nacional

Desde el PAMI indicaron que ya “se empezaron a normalizar los pagos” y que los “primeros impactos ya se ven. La decisión es regularizar en el corto plazo y garantizar previsibilidad en el sistema”. No proporcionaron cifras específicas sobre los fondos habilitados por el ministro de Economía, Luis Caputo, aunque se barajó que fueron $150.000 millones, una suma que cubre apenas una parte de las necesidades.

Esteban Leguízamo, director ejecutivo de la obra social, intentó llevar tranquilidad: “No creo que tengamos un momento de crisis. Llevo 20 años en la institución y ha habido situaciones mucho más difíciles que la que podemos tener ahora”. Aseguró que “no hay corte de servicios y que la prestación sigue en forma normal”.

En el Congreso hay varios pedidos de informes sobre la situación del PAMI, solicitando que el tema se integre al informe de gestión que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debe realizar el 29 de este mes. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se despegó del conflicto, aclarando que “Discapacidad y PAMI dependen del Ministerio de Salud”.

Un problema estructural y financiero

Los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso muestran que los fondos para las prestaciones del PAMI se contrajeron un 41,3% en el primer trimestre, en variación real interanual. El instituto tiene asignado este año $10,17 billones. Jorge Colina, economista de Idesa, explicó que “si bien cuenta con el doble de recursos por afiliado que otras obras sociales, el gasto es cuatro veces más” por la característica de los adultos mayores, destacando que hoy el PAMI equivale al 1% del PBI.

Graciela Ocaña, quien fuera directora del PAMI entre 2004 y 2007, señaló que la desaparición del impuesto PAIS el 23 de diciembre de 2024, que destinaba el 28% de su recaudación al instituto, golpeó directamente su financiamiento. “Luis Caputo decidió poner en las espaldas de las personas mayores el recorte”, afirmó.

Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, coincidió en que “una crisis de esta dimensión es un proceso que veníamos advirtiendo hace meses”, afectando todas las prestaciones. “Los jubilados pasan por todo, la larguísima crisis entre 1995 y el 2001, después fue el hackeo de agosto del 2023 del que (hasta el día de hoy) no sabemos nada. Es muy doloroso, la gente sufre”, lamentó.

Los jubilados reclaman por esperas de meses para estudios médicos o atención de especialistas, y se quejan de los “cupos” existentes. Desde el PAMI insisten en que hay “un endurecimiento de los controles porque se detectaron irregularidades y sobreprestaciones”, indicando que ahora los centros solo pueden dar turnos en función de su capacidad prestacional declarada.