Una decisión judicial paraliza parte de una ley clave: ¿qué argumentos la sostienen?
El juez Raúl Ojeda suspendió 82 artículos de la reforma laboral tras una acción de la CGT, alegando apariencia de inconstitucionalidad. El gobierno apelará la medida cautelar.
Un juez suspendió la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral tras una acción colectiva presentada por la CGT, generando un freno inmediato a cambios que afectan directamente a los trabajadores.
La medida cautelar fue dictada por el juez Raúl Ojeda, quien consideró necesario evitar daños hasta que se emita una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de las normas. La suspensión provisoria se aplica a parte de la ley 27.802, impulsada por el Gobierno nacional.
Los fundamentos de una medida excepcional
Según explicó el magistrado, este tipo de decisiones no requieren certeza absoluta sobre la validez del planteo, sino la verificación de una “apariencia razonable” del derecho invocado. Añadió que la demora judicial podría generar daños de difícil reparación si no se actuaba.
“Es una medida extraordinaria para una situación extraordinaria”, aseguró Ojeda en declaraciones a Radio Rivadavia. El juez sostuvo que, en una primera mirada, se observan principios del derecho del trabajo, de protección y de regresividad que “denotan que se están vulnerando”.
El fallo, emitido el 30 de marzo, habilita la suspensión provisoria de las disposiciones cuestionadas. Ahora el Estado nacional debe contestar sobre la cautelar y defender los artículos que son objeto de la acción.
La reacción del gobierno y los próximos pasos
Desde el gobierno, la cartera que conduce Sandra Pettovello informó que apelará el fallo para intentar revertir la cautelar. Buscan restituir la vigencia de los artículos suspendidos mientras se tramita el proceso principal.
En un comunicado, el ministerio sostuvo que existen sectores que “pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento”. Reafirmó su compromiso con la ley de Modernización Laboral.
La acción colectiva fue presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado nacional. El juez dispuso la suspensión al considerar que existen elementos suficientes para analizar la eventual inconstitucionalidad de parte de la ley.
