Una cooperadora del IEF cobraba a los estudiantes cuotas que, según el análisis oficial, eran casi obligatorias y condicionaban el cursado. La DGE acaba de tomar una medida que deja al instituto bajo intervención otro año más.
La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza resolvió estirar por un año más la normalización del Instituto Universitario de Educación Física y Deportes Dr. Jorge E. Coll, conocido como IEF, luego de que se venciera el plazo que se había fijado para ordenar su funcionamiento. La medida salió publicada este miércoles 4 de noviembre en el Boletín Oficial de Mendoza y deja a Rodrigo Araya al frente como rector normalizador.
El origen del conflicto
Entre los antecedentes que llevaron a la intervención, el documento oficial señala observaciones sobre cómo funcionaba una cooperadora que recibía dinero de los estudiantes a través de inscripciones, cuotas y otros aportes.
Según un análisis técnico-contable de la Dirección de Educación Superior, esos pagos tenían un carácter prácticamente obligatorio y llegaban a condicionar el cursado y hasta la entrega de títulos.
La jubilación que desató la crisis
El conflicto se había profundizado en agosto de ese año, cuando el entonces rector Luis Castillo se jubiló. Frente a ese escenario, el Consejo Directivo designó al vicerrector Gustavo Manzano para ocupar su lugar, pero la Dirección de Educación Superior no ratificó el nombramiento porque consideró que no se ajustaba al régimen legal que rige a la institución.
A eso se sumaron incumplimientos de plazos y obligaciones previstos en la Ley Provincial 9424, sancionada en 2022, que creó el Instituto Universitario de Actividad Física y Deportes Dr. Jorge E. Coll. La DGE también advirtió que no se había presentado el programa de trabajo que se requería para concretar la transición hacia la nueva organización institucional.
La intervención de diciembre de 2025
Por todos esos motivos, el 23 de diciembre de 2025 se dispuso un proceso de normalización por 180 días y se nombró a Rodrigo Araya como rector normalizador. En esa misma oportunidad quedaron sin efecto los mandatos de las autoridades elegidas en octubre de 2022 y de los integrantes del Consejo Directivo.
La medida incluyó la elaboración de un nuevo Estatuto Orgánico y la reorganización de las secretarías y los órganos de gobierno, con la idea de adecuar el funcionamiento del establecimiento a su régimen universitario.
Qué falta para completar la normalización
Sin embargo, una vez vencido el plazo de seis meses, la DGE consideró que todavía quedaban tareas pendientes. Entre ellas mencionó la necesidad de fortalecer los mecanismos de control administrativo, completar la organización institucional y avanzar en la consolidación de su estructura académica y de gestión.
En los fundamentos de la nueva resolución, las autoridades educativas advirtieron que reemplazar a la conducción normalizadora antes de terminar esas tareas podría generar demoras y dificultades para alcanzar el funcionamiento institucional definitivo.
Cambios en la estructura directiva
El documento también da cuenta de otros movimientos en la cúpula del instituto. La vicerrectora Mónica Padón se jubiló, mientras que Sandra Morales, responsable de la Secretaría Administrativa, se encuentra de licencia.
Ante ese panorama, la DGE ratificó a Araya como rector normalizador y designó a Carina Lourdes Ortega como vicerrectora normalizadora. Además, confirmó la continuidad de Marcela Adriana Renedo en la Secretaría Académica y de Santino Fabián en la Secretaría de Extensión e Investigación.
La nueva estructura se completa con la designación de María Florencia Munafo Videla en la Secretaría de Bienestar Estudiantil y de Eliana Vanesa Collazo al frente de la Secretaría Administrativa, hasta que se reincorpore Sandra Morales o finalice el período de normalización, lo que ocurra primero.
De esta manera, el Instituto de Educación Física seguirá bajo una conducción normalizadora durante otro año, mientras la DGE busca completar las reformas administrativas, académicas y organizativas que quedaron pendientes desde la primera intervención dispuesta en diciembre de 2025.
