Una científica del INTA enfrenta la exoneración y el debate que Merlo ya conoce vuelve al centro

El caso de Virginia Aparicio, investigadora del CONICET y del INTA Balcarce, volvió a poner sobre la mesa una discusión que en el Valle del Conlara no es nueva. La científica, con más de veinte años dedicados al estudio de plaguicidas, suelo y agua, enfrenta un sumario administrativo que, según informó su abogado, propone su exoneración del organismo.

Aparicio sostiene que el proceso está vinculado con los resultados de sus investigaciones. Esa relación es denunciada por ella y su defensa, pero no está establecida como un hecho. La científica coordinó en Argentina el proyecto internacional SPRINT, que estudia la presencia y los efectos de los plaguicidas en el ambiente y la salud, y también investigó la presencia de estos compuestos en el agua para consumo humano.

Lo que pasó en 2013

Hace trece años, vecinos y campesinos del Valle del Conlara salieron a la ruta 5 alarmados por las fumigaciones, sus posibles efectos sobre la salud y el ambiente, y la actividad que Monsanto desarrollaba en la zona. La protesta llegó al Concejo Deliberante y, semanas después, obligó a directivos de la multinacional a viajar a Villa de Merlo para responder públicamente.

En junio de 2013, la Asociación de Campesinos del Valle del Conlara había llevado su preocupación al Concejo. Denunciaban fumigaciones aéreas y aplicaciones cerca de comunidades y de la planta potabilizadora de Santa Rosa del Conlara. Los concejales declararon de interés municipal la movilización prevista para el 7 de junio y pidieron informes a organismos provinciales y nacionales.

Días después, este diario publicó el testimonio de Gregorio “Goyo” Arias, productor del paraje Santa Martina, cercano a La Gramilla. Arias aseguró que había sufrido un principio de intoxicación y contó que desde 2010 convivía con fumigaciones próximas a su vivienda. También dijo que la organización había presentado exposiciones y denuncias ante organismos provinciales.

La respuesta empresarial llegó el 19 de julio de ese año. Directivos de Monsanto estuvieron en Villa de Merlo y hablaron con InfoMerlo. Confirmaron que la compañía usaba unas 1.700 hectáreas en el Valle del Conlara para producir semillas de maíz —1.200 de ellas arrendadas en La Gramilla—, pero negaron prácticas contaminantes o métodos de fumigación perjudiciales para la salud.

Un debate que no se cerró

Las preguntas que entonces planteaban los vecinos de Merlo y otras localidades —qué pasa con los productos aplicados sobre los cultivos, cómo se desplazan por el ambiente y hasta dónde pueden llegar— siguen sin respuesta definitiva y forman parte de un debate científico que creció durante la última década.

En 2015, Aparicio ya coordinaba una publicación del INTA dedicada al destino de los plaguicidas agregados al suelo. Hoy, el CONICET incluye entre sus líneas de investigación el transporte de plaguicidas y la contaminación de suelos y aguas subterráneas.

Lo que en 2013 quedó registrado en estas páginas como uno de los conflictos ambientales del Valle del Conlara reaparece, trece años después, dentro de una discusión más amplia: qué sabemos realmente sobre los plaguicidas que se usan en Argentina y qué ocurre con ellos después de su aplicación.