Una celda para una persona alojaba a nueve presos: la Defensa Pública pidió clausurar un pabellón de la Alcaidía de Pico

La situación en la Alcaidía de la Unidad Regional II de General Pico llegó a un punto crítico. La Defensa Pública presentó un hábeas corpus correctivo colectivo para reclamar por el hacinamiento y las condiciones en las que viven los detenidos, tras detectar que una celda pensada para un solo preso albergaba a nueve personas.

El pedido, que lleva las firmas del defensor general Martín Saravia, la defensora pública Soledad Forte y el defensor adjunto Mauro Fernández, fue presentado ante el juez de Ejecución Penal, Mauricio Pascual. Además de la clausura del Pabellón 5, se denuncian falta de camas, problemas sanitarios, filtraciones y un nivel de ocupación que supera ampliamente la capacidad del lugar.

Una celda para nueve

El Pabellón 5, que originalmente funcionaba como sector de aislamiento o celda de castigo, hoy se utiliza como alojamiento habitual. Según el relevamiento realizado por la Defensa Pública, el viernes pasado había nueve detenidos en una celda diseñada para una sola persona.

“Nueve personas en un lugar que estaba pensado para uno”, remarcó Forte en diálogo con Boca de Todos HD, y agregó que el pedido de clausura se formalizó ese mismo día por la mañana.

La infraestructura también es motivo de queja: filtraciones, olores, problemas en el sistema cloacal y deficiencias eléctricas. En cuanto a las duchas, Forte explicó que “lo que es ducha es un sector que no está habilitado como ducha”, con un caño por el que cae agua sin cerramiento, lo que termina inundando el lugar. El hábeas corpus también menciona humedad, cloacas obstruidas, falta de ventilación, colchones deteriorados y ausencia de elementos básicos de higiene.

39 camas para 76 detenidos

La falta de camas es otro de los ejes centrales del reclamo. De acuerdo con los planos oficiales, la alcaidía tiene 39 tarimas de cemento, pero el viernes había 76 personas alojadas. Al momento de la entrevista, la cifra era de 73.

Con 76 detenidos y 39 camas, el déficit era de 37 camas individuales. La consecuencia, según los relevamientos, es que algunos presos deben dormir sobre el piso.

Forte también cuestionó que exista un pabellón nuevo que podría sumar unas diez camas, pero que todavía no está habilitado. “Si bien tardaron doce años en construirlo, hay un pabellón que se ha construido, que agregaría diez camas más y todavía no está habilitado”, señaló. La defensora dijo desconocer los motivos, aunque consideró que su habilitación aliviaría parcialmente el problema, sin resolverlo por completo.

49 condenados en la alcaidía

Otro de los puntos que llamó la atención es la cantidad de personas con condena firme que permanecen en la dependencia policial. Según los datos que manejaba Forte, el viernes había 49 condenados alojados allí.

“Tenían que estar en el sistema, en otro lado, no acá…”, sostuvo. Además, indicó que más de la mitad tendría penas superiores a tres años, por lo que correspondería su traslado al sistema penitenciario.

La defensora recordó que la provincia invirtió para ampliar la Unidad Penal 4 de Santa Rosa, en el marco de un convenio para alojar a condenados en establecimientos del Servicio Penitenciario. Sin embargo, las plazas no alcanzan. “Los presos se quedan acá”, resumió.

Para la Defensa Pública, la solución requiere una respuesta conjunta del Servicio Penitenciario y el Ministerio de Gobierno, ya sea cumpliendo los convenios existentes o generando nuevas alternativas. Incluso planteó que la provincia debería evaluar contar con un servicio penitenciario propio.

El problema va más allá de Pico

La situación, según Forte, excede a la alcaidía piquense. En General Pico hay aproximadamente 263 personas condenadas, mientras que la capacidad disponible sería inferior a la mitad de esa cantidad. Además, en distintas localidades del norte provincial, personas privadas de la libertad permanecen en comisarías.

“Las comisarías de los pueblos tienen dependencias que son pensadas para una demora de alguien borracho que salió a la plaza”, explicó, y señaló que esas instalaciones terminan usándose para alojamientos prolongados pese a no estar diseñadas para eso.

La falta de plazas penitenciarias también afecta a la Policía: obliga a destinar agentes a tareas de custodia dentro de las comisarías, lo que resta efectivos para la prevención. “Si ponés policías extra para custodiar, tenés menos policías para patrullarnos y darnos seguridad de manera preventiva”, dijo Forte, y concluyó: “La Policía no da abasto”.

Condenas cortas y reinserción

La defensora también puso el foco en las personas con condenas de corta duración, por delitos como lesiones, amenazas o violación de domicilio, con penas de uno o dos años. Muchas de ellas cumplen la condena en dependencias sin condiciones para un proceso de reinserción.

En ese marco, Forte se preguntó: “¿Cómo vuelve a la sociedad una persona que pasó un año encerrada sin ningún tipo de tratamiento?”. Explicó que alguien puede entrar con trabajo y una situación familiar estable, perder el empleo durante la condena y salir sin haber trabajado sobre las conductas que lo llevaron a delinquir.

“Vos no tenés un sistema donde puedas trabajar el tema de salud mental como para rever alguna de esas conductas”, señaló, y agregó que la crisis de salud mental también afecta a los presos.

Para Forte, si durante la pena no se trabaja sobre las causas del delito, existe el riesgo de que la persona salga en las mismas condiciones en las que ingresó. “Los presos tienen derechos también”, afirmó, y mencionó el acceso a la educación, el trabajo y las herramientas de reinserción. El objetivo, dijo, debería ser que alguien salga mejor de lo que entró. “Acá no sale mejor de lo que entró”, sentenció.

Una discusión de décadas

Finalmente, Forte vinculó la situación actual con la historia del sistema penitenciario argentino, recordando las reformas del siglo XX que incorporaron el trabajo y otras actividades para evitar el ocio y favorecer la reinserción.

Si bien existen normas que establecen pautas sobre seguridad, trabajo, tratamiento y reinserción, consideró que hay una brecha importante entre lo que dicen y la realidad cotidiana en los lugares de detención.