Una causa por trata y lavado de activos parecía caída en Neuquén, pero un fallo lo dio vuelta

La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca revocó el freno que había impuesto un juez de garantías neuquino y reactivó una investigación por trata de personas y lavado de activos que estaba a punto de quedar en la nada.

La novedad la dio a conocer el Ministerio Público, que difundió los tramos centrales de la resolución de los camaristas y los detalles de la presentación que hicieron los fiscales federales de Neuquén. No se brindaron otros pormenores de una causa que sigue en plena etapa de investigación y que se remontaría a mediados de junio de este año.

El origen del conflicto fue la decisión del juez de garantías Gustavo Villanueva, quien el 14 de agosto rechazó la formulación de cargos contra dos personas por considerar que la fiscalía no había alcanzado el grado de certeza probatoria que esa instancia exige.

Ante ese revés, el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Neuquén, a cargo de la fiscal federal Ángela Pagano Mata y representada en la audiencia por los auxiliares fiscales Jesús Gabriel Mercado y Rodrigo Nicolás Quinteros, impugnó la medida ante la Cámara roquense.

Qué dijeron los camaristas

Los jueces con funciones de revisión Richard Fernando Gallego y Mariano Roberto Lozano advirtieron que la negativa de Villanueva impedía la continuación de las actuaciones, algo especialmente sensible porque los plazos del artículo 253 del Código Procesal Penal Federal (CPPF) son perentorios.

Al analizar el planteo, el tribunal delimitó el rol del juez de garantías en la audiencia del artículo 254 y recordó que la formalización es, en esencia, un acto de comunicación de cargos. El control judicial, dijeron, debe limitarse a verificar la legalidad, la inteligibilidad y la regularidad del acto para garantizar el derecho de defensa, pero no puede transformarse en una evaluación anticipada sobre la pertinencia o el mérito de la evidencia que reunió la fiscalía.

Gallego fue tajante: “La ley no sostiene que el juez deba inmiscuirse en la actividad investigativa y la decisión tomada por el MPF”. Sobre el grado de certeza, explicó que “la formalización no clausura la investigación, sino que permite su prosecución respecto del imputado” y que “la hipótesis comunicada queda, por decisión, sujeta a corroboración, modificación o descarte mediante las medidas que posteriormente se produzcan”.

Así, el camarista acompañó el planteo de la fiscalía, que había señalado que “exigir un grado de certeza probatoria en esta instancia inicial resulta improcedente, ya que la facultad de formalizar es una atribución autónoma del Ministerio Público Fiscal”.

El criterio de Lozano

Lozano fue por el mismo camino y subrayó que el MPF no necesita haber reunido toda la prueba que sostenga su hipótesis. “Es más, me animo a decir que aun cuando los jueces no compartamos absolutamente la valoración que hizo de esos indicios significativos el MPF, bastará para habilitar la formalización, con que no pueda descartarse la hipótesis del MPF”, afirmó.

El tribunal verificó además que la fiscalía había individualizado a los investigados, descripto los hechos que les atribuye, indicado las calificaciones jurídicas y su grado de participación, y expuesto los elementos de convicción. También constató que la defensa pudo conocer la hipótesis fiscal y controvertirla durante la audiencia.

El operativo que originó todo

La causa tendría relación con un procedimiento realizado en junio de este año en Neuquén capital, encabezado por efectivos de la Prefectura Naval Argentina. Entre los puntos salientes del despliegue se destacó el secuestro de una suma millonaria de dinero.

En el operativo intervinieron agentes del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas y del Centro de Asistencia a la Víctima del Delito (CAVD) de Neuquén. Los allanamientos se concretaron en dos propiedades de la capital neuquina.