Una cadena de gimnasios abrió 6 sedes en 17 meses y por dentro escondía otra cosa
La Justicia descubrió que detrás de las máquinas y los clientes había un esquema para lavar millones. ¿Qué irregularidades encontraron los peritos?
La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, procesó con prisión preventiva a cinco integrantes de una misma familia acusados de armar una estructura para lavar dinero a través de una cadena de gimnasios con sedes en Chaco y Corrientes. La causa nació a partir de la declaración de un arrepentido en una investigación por narcotráfico y acumula embargos por más de $8.700 millones.
Entre los procesados hay dos hermanos, su madre, la pareja de esta y un socio comercial. Cuatro fueron imputados como coautores de lavado de activos agravado por habitualidad; el quinto, como partícipe necesario, cumplirá la prisión preventiva en su domicilio. Sobre los primeros pesan embargos por $5.820 millones y sobre el restante, por $2.910 millones.
La expansión que llamó la atención
La investigación, impulsada por el fiscal general Patricio Sabadini, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, apuntó contra la cadena de gimnasios Exen. Según el expediente, en solo 17 meses la firma abrió seis locales en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, y ya avanzaba con un séptimo en la capital correntina.
Los investigadores marcaron inconsistencias contables, entre ellas la compra de equipamiento deportivo por un valor estimado en 1,8 millones de dólares y obras cuya trazabilidad económica no pudo reconstruirse. La Justicia reconoció que los gimnasios funcionaban con clientes y facturación real, pero entendió que esa actividad servía como pantalla para ingresar al circuito formal dinero de presunto origen ilícito a través de cuatro sociedades interconectadas.
El arrepentido y los allanamientos
El dato que destrabó la causa lo aportó una persona que se acogió al régimen del arrepentido en un expediente por narcotráfico y vinculó al grupo familiar con las maniobras de blanqueo. Ese testimonio derivó en 18 allanamientos realizados en agosto pasado en gimnasios, domicilios, concesionarias, escribanías y estudios contables.
A partir de esos elementos, la Justicia reconstruyó un patrón de operaciones patrimoniales sospechosas que se habrían ejecutado de manera continua desde el segundo semestre de 2024 y durante 2025 y 2026, lo que sustentó el agravante de habitualidad.
En la misma resolución, la magistrada dictó la falta de mérito para otras dos personas que habían sido imputadas y ordenó la inmediata libertad de una de ellas. La causa sigue abierta para determinar la responsabilidad individual de cada procesado.
