Una auditoría urgente contra las demoras que estiran dos casos que conmocionan a Caleta Olivia

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, Gabriel Contreras, ordenó una auditoría sobre dos expedientes penales de alta complejidad que acumulan demoras en los Juzgados de Instrucción de Caleta Olivia.

La medida apunta a que el Juez de Recursos de la Segunda Circunscripción Judicial, Carlos Augusto Borges, revise el estado de ambas causas y eleve un informe detallado en un plazo perentorio de 15 días.

El pedido surgió de los familiares de Mario “Pato” García y Alejandro Palemarchuk, dos vecinos que fueron víctimas de homicidios y cuyos casos conmocionaron a la comunidad. Tras no obtener respuestas a sus reclamos, decidieron acudir al máximo tribunal provincial.

Los expedientes están a cargo del doctor Marcos Pérez Soruco, titular del Juzgado de Instrucción Nº 1 y subrogante del Nº 2.

El caso de Mario “Pato” García

García tenía 50 años, vivía en el barrio 2 de Abril y desapareció en diciembre de 2025. El 21 de enero de 2026, parte de sus extremidades fueron halladas en un descampado que va desde el barrio 13 de Diciembre hasta el barrio Bicentenario. Recién después de una demora en los análisis, las pruebas de ADN confirmaron su identidad.

Antes de desaparecer, el hombre había denunciado en un programa televisivo a un alto oficial de la policía, aunque sin revelar su nombre. Su hermana, Gisella, sostuvo que fue evidente que “habló de más y alguien se molestó”.

El caso de Alejandro Palemarchuk

Palemarchuk, un estibador de 34 años, fue atacado a piedrazos por una patota de más de diez personas frente a su casa en el barrio Vista Hermosa. Tras estar internado, recibió el alta pero sufrió una descompensación y falleció el 6 de julio de 2026.

Su madre, Patricia Palemarchuk, denunció públicamente que hay fiscales y abogados vinculados a los agresores y que “están tapando todo”. Aseguró que varios de los responsables residen en los barrios Koltum y Rotary 23, y que una cámara de un vecino registró sus movimientos.

Alcance de la auditoría

La resolución de Contreras implica un relevamiento procesal exhaustivo. El objetivo es detectar demoras injustificadas, verificar qué pruebas faltan producir y corregir falencias en la instrucción penal, para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.

La medida es de superintendencia y control administrativo. Por eso, el juez auditor tiene prohibido emitir opiniones o valoraciones sobre los hechos, las imputaciones o la responsabilidad penal, para preservar su imparcialidad ante eventuales apelaciones.

El fundamento legal está en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Justicia (Ley N° 1600), que marca el deber del Estado de brindar un servicio de justicia rápido y transparente, sobre todo en casos de alta conmoción pública.