Una asociación de Rosario frenó el proyecto de GNL en el Golfo San Matías y ahora define la Justicia de Viedma

La asociación civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas presentó una acción preventiva de daño ambiental de incidencia colectiva contra quienes resulten responsables del diseño, construcción, instalación y futura operación del complejo de licuefacción flotante proyectado para procesar, almacenar y transferir gas natural licuado en el Golfo San Matías. La causa tramita en el juzgado federal de Viedma, subrogado por el magistrado Hugo Greca.

La entidad tiene sede en Rosario. Tras la presentación inicial, el juez se declaró incompetente, pero la apelación fue habilitada por la Cámara, que dispuso el tratamiento del recurso en la justicia federal rionegrina.

Qué pide la demanda

El escrito, al que tuvo acceso ADN, busca que el consorcio «se abstenga de iniciar las obras de construcción y/o continuar la ejecución de las ya iniciadas y/o de toda prueba de ensayo y se abstengan de ejecutar la actividad de licuefacción, almacenamiento y transferencia de gas natural licuado».

La pretensión se mantiene «hasta tanto se realice en legal forma el procedimiento de Evaluación de Impactos Ambientales de la totalidad del proyecto, cumpliendo además con las observaciones formuladas por el Estado provincial, evaluación acumulativa, climática, entre otras que se detallan en la presente demanda».

Según el planteo, el objetivo es «proteger el derecho humano a un ambiente sano, garantizando el derecho de la naturaleza a mantener la integridad y el funcionamiento de sus procesos ecológicos esenciales».

El pedido de cautelar y la advertencia por el riesgo

Los profesionales también reclamaron que «oportunamente se decrete una medida cautelar en la que se ordene suspender la ejecución de las obras de construcción de complejo FLNG Golfo San Matías». A eso suman la solicitud de prohibir a las demandadas «todo movimiento de suelo, modificación del sector costero, obras marítimas, obradores, manejo y/o acopio de combustibles, etc.», todo «hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente acción preventiva de daño ambiental».

En ese marco, la presentación advierte sobre un «grave riesgo y lesionado el derecho humano fundamental a gozar de un ambiente sano y equilibrado».

El texto sostiene que la acción «se justifica esta acción por los graves riesgos y la irreversible afectación al ambiente natural que genera el inadecuado diseño y emplazamiento del proyecto».

Las observaciones provinciales y los impactos que denuncian

Los abogados ambientalistas señalaron que «tampoco se cumplieron las numerosas observaciones realizadas por el Estado provincial». Y enumeraron los motivos de la presentación: «la ausencia de estudio de impacto ambiental acumulativos, ausencia de evaluación climática, por el daño irreversible que causan las obras de movimientos de suelo, tendido de cañerías, modificación de la costa y fondos marinos, afectación de la cuenca del Río Negro, de la plataforma continental, impacto negativo inadmisible en el corredor biológico mar territorial – alta mar – aguas internacionales».

A esa lista agregaron «la generación de gases tóxicos, gases de efecto invernadero, emisiones sonoras, efluentes líquidos industriales que generan daño ambiental, entre otros daños».

Imagen: archivo ADN Río Negro