Una adolescente de 13 años fue captada y explotada: la condena que cayó sobre tres personas

Un matrimonio y su hijo fueron condenados a 10 años de prisión por captar, trasladar y explotar a una nena de 13 años en San Juan. La víctima fue sometida a servidumbre sexual, doméstica y laboral durante casi tres años.

La sentencia fue dictada por el juez federal Daniel Doffo, quien además ordenó una reparación económica de 75 millones de pesos para la víctima. Alberto Cristo (45), Isabel Cristo (46) y su hijo Franco fueron hallados culpables del delito de trata de personas agravada por la minoría de edad de la víctima.

¿Cómo ocurrió la captación?

Según la investigación, los tres condenados, pertenecientes a la comunidad gitana, entregaron 825 mil pesos a los padres de la adolescente para concretar un matrimonio forzado en Neuquén entre marzo y abril de 2022. En ese momento, la víctima tenía 13 años y Franco, 20.

Luego, la joven fue trasladada a Santa Fe, donde la obligaron a vender en la calle bajo condiciones extremas y a realizar todas las tareas domésticas. Sufrió golpes, quemaduras con cigarrillos y agua caliente, insultos y amenazas. Todo el dinero que obtenía debía ser entregado a los condenados, bajo amenaza de dejarla sin comida o recursos, incluso durante sus embarazos.

El intento de fuga que derivó en el rescate

En diciembre de 2024, la joven se mudó a San Juan junto a Franco y el hijo que tuvieron en común. Allí, la familia de los condenados intentó llevársela nuevamente a Santa Fe por la fuerza. La subieron a una camioneta, pero la joven intentó escapar con su hijo en brazos en Caucete. Fue alcanzada y obligada a subir al vehículo.

Una persona en una estación de servicio advirtió la situación y llamó al 911. La policía, con el monitoreo de cámaras de seguridad, logró detener el vehículo y rescatar a la víctima y a su hijo.

La investigación y el fallo

La investigación estuvo a cargo de la Unidad de Procedimientos Judiciales San Juan de Gendarmería Nacional, con colaboración de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de San Juan. El fiscal Fernando Alcaraz señaló: “No soslayamos que el rito de matrimonio infantil analizado se produjo en el marco de prácticas culturales propias de la comunidad gitana. Sin embargo, ello no resulta explicación suficiente para la violación de los derechos de V.S.Y en el territorio argentino”.

La fiscal de PROTEX, Alejandra Mángano, recordó que “el matrimonio infantil está prohibido por los tratados de derechos humanos” y que ninguna práctica cultural puede justificar la violación de derechos fundamentales.

Además de la reparación económica de 75 millones de pesos, el juez Doffo dispuso el embargo de bienes y el decomiso del auto utilizado en el delito para garantizar el pago. También ordenó medidas de reparación no económicas, como la comunicación de la sentencia en lenguaje claro a la comunidad gitana de San Juan y Santa Fe, y a la familia de la víctima, que actualmente vive en Salta.

La sentencia fue dictada por el juez Daniel Alejandro Doffo.