Un vecino cobraba $6.000 por DNI en el Registro Civil de Federal: quién firmaba los trámites

El Poder Ejecutivo de Entre Ríos dejó fuera de la administración pública a Marcelo Fabián Insaurralde, quien hasta hace poco estaba al frente de la delegación del Registro Civil en Federal. La cesantía, dispuesta por la resolución 3164/2026, cierra un expediente que acumuló cobros en efectivo, un gestor que no pertenecía a la planta y actas adulteradas.

La sanción alcanza al agente de planta permanente y lo expulsa de forma definitiva del Estado provincial. Los organismos que revisaron el caso concluyeron que su conducta encuadra en las causales expulsivas del artículo 71, inciso c, del Marco de Regulación del Empleo Público de Entre Ríos (Ley 9755).

Cómo se destapó el escándalo

El caso empezó a tomar forma a comienzos de 2024, cuando vecinos de Federal comenzaron a denunciar maniobras irregulares en la sede de calle Paraná 434. Una de esas presentaciones fue clave: una mujer que quiso tramitar un DNI nuevo en febrero de ese año terminó pagando $6.000 en efectivo y sin comprobante.

Quien la atendió y cobró no era empleado del organismo. Se trataba de Maximiliano Lagos, un particular ajeno a la planta. Según los testimonios que quedaron en el sumario, Insaurralde lo presentaba como si fuera parte del personal. Con esa fachada, Lagos armaba la documentación, recibía el dinero de los contribuyentes y después llevaba lo recaudado al despacho del jefe, que firmaba los trámites.

"Gastos operativos" y trámites exprés

La normativa del Registro Civil prohíbe de manera expresa el cobro en efectivo dentro de sus dependencias: todo pago debe hacerse por vía electrónica o con boletas abonadas en bocas habilitadas. Pese a eso, el exfuncionario justificaba el dinero recibido en mano como cobertura de "gastos operativos" o sostenía que Lagos pasaba luego a pagar los sellados para mayor "comodidad" del público.

Las auditorías sumaron otras irregularidades: cobros por supuestos "trámites exprés" o urgentes —tarifas que no existen en la reglamentación— y pedidos de giros postales a nombre personal de Insaurralde enviados por ciudadanos de otras provincias.

Actas tocadas a mano

Las revisiones dirigidas por la Dirección General del Registro Civil también detectaron falsificaciones en los libros oficiales. En un libro de defunción aparecía una rectificación marginal con números de resolución y protocolo que no existen en el Archivo de Paraná. En otro caso, el acta de nacimiento de un niño sufrió un cambio arbitrario de apellido en Federal, sin resolución que lo respalde ni asiento en el archivo central.

En su indagatoria del 10 de abril de 2025, Insaurralde se negó a declarar. Ya tenía antecedentes disciplinarios: un apercibimiento en 2019 por no rendir la caja a diario y una suspensión de 10 días en octubre de 2024 por la presencia irregular de Lagos en la oficina.

La causa penal que sigue abierta

En paralelo al sumario, la Unidad Fiscal de Federal —a cargo de Eugenia Molina— investiga desde el 29 de noviembre de 2024 una causa penal caratulada "Insaurralde Facundo Marcelo y otros / Malversación de caudales públicos, Incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude a la administración pública provincial", Legajo 14413. La denuncia original la presentó Liliana Mabel Fugaza, entonces directora general del organismo.

Dentro de ese expediente, la Jefatura Departamental Federal allanó la oficina registral y secuestró una impresora tickera Epson TM-U950 para peritar los comprobantes que se habían entregado a los usuarios. La cesantía dispuesta por el Gobierno pone fin al vínculo de Insaurralde con el Estado, mientras la Justicia continúa avanzando en la investigación penal.