Un resbalón en el Caribe y una pelea judicial que la trajo de vuelta: la odisea de una tucumana de 74 años
Una tucumana de 74 años sufrió una doble fractura en México y las aseguradoras la dejaron sola. ¿Qué pasó para que el Estado tuviera que intervenir?
Una tucumana de 74 años vivió una pesadilla en Playa del Carmen, México, tras sufrir una doble fractura de fémur en la bañera de su hotel. Brenda Alicia Larrosa Fabeiro quedó inmovilizada y a la espera de una cirugía urgente, pero el verdadero conflicto comenzó cuando las empresas de asistencia al viajero se negaron a cubrirla.
Su esposo, Pedro José Larrea, denunció que Nubi Viajes e Intermac Assistance, contratadas a través del paquete turístico, no respondieron como correspondía. La mujer permaneció varios días internada en un hospital público mexicano, en medio de la incertidumbre y la desprotección.
La intervención del Estado
En Tucumán, la Dirección de Comercio Interior (DCI) actuó de oficio y aplicó la Ley de Defensa del Consumidor (24.240). El organismo, encabezado por Manuel Canto, forzó a las empresas a cumplir con la cobertura contratada, advirtiendo que se exponían a multas superiores a los 100 millones de pesos por incumplimiento.
Esa presión fue determinante: las compañías debieron hacerse cargo de la asistencia médica, garantizar la cirugía y organizar el traslado sanitario de regreso al país.
El regreso a casa
Tras días de gestiones y una instancia de conciliación, Brenda fue intervenida quirúrgicamente y, este 28 de abril, arribó al Aeropuerto Benjamín Matienzo, donde fue recibida por autoridades provinciales.
Desde el Gobierno remarcaron que el objetivo fue claro: evitar que una ciudadana tucumana quede desamparada en el exterior y obligar a las empresas a responder por el servicio que vendieron. Además, dejaron una advertencia para quienes viajan: es fundamental conocer si la cobertura médica es directa o por reintegro, ya que esto puede marcar la diferencia en situaciones de emergencia.
Hoy, ya en Tucumán, la mujer continúa su recuperación, tras haber atravesado no solo una lesión grave, sino también una situación límite en la que debió intervenir el Estado para que se respeten sus derechos como consumidora.
