Un pueblo cobra $62.000 a los camiones por 5 km y ahora les pide un trámite que puede cerrar fábricas

En Ramallo, un municipio bonaerense gobernado por Mauro Poletti, referente de Axel Kicillof, los camiones que van al parque industrial o al puerto de San Nicolás tienen un solo camino: el Acceso Sánchez, un tramo de 5,1 kilómetros sin alternativa para el tránsito pesado. Desde septiembre, recorrerlo puede costar hasta $62.000.

El cobro se instrumentó a través de la licitación pública N°3/25, que concesionó pórticos tecnológicos con un cargo de hasta $37.000 por pesaje dinámico, más $25.000 si el vehículo entra a predios de la zona. Las entidades empresarias lo definen como un “peaje municipal encubierto” y una “aduana interior”.

Un registro que reemplaza al RUTA

Ahora el municipio sumó una exigencia más: una ordenanza del 19 de octubre creó el Sistema Integral de Gestión del Tránsito Pesado (Sigtp), que obliga a los transportistas a registrarse y tramitar autorizaciones para operar en el distrito. La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) y la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (Adiba) expresaron su “profundo rechazo”.

Según las cámaras, el Sigtp replica a nivel local obligaciones similares a las del Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), que el Gobierno nacional eliminó en 2024 dentro de la desregulación del transporte de cargas. El incumplimiento puede derivar en multas, restricciones para circular y retención de vehículos. Además, la ordenanza fija la responsabilidad solidaria de las empresas dadoras de carga ante incumplimientos de los transportistas, lo que, advirtieron, podría llevar al cierre de las fábricas que los contratan.

El impacto en números

Las industriales calculan que el peaje afecta a más de 100 empresas y que el costo anual podría llegar a $500 millones por compañía. El sistema fue concesionado a una empresa privada que se quedaría con el 50% de la recaudación y que ya instaló un pórtico de telepeaje. Según Uipba y Adiba, el municipio está intimando estos días a los transportistas —por WhatsApp y otros medios— para que soliciten el TAG y se registren.

Reclamo ante Economía

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) ya había denunciado el esquema en septiembre. “Su valor es desmedido y no guarda ningún tipo de relación con los costos de conservación del tramo vial, generando un costo por kilómetro desproporcionado que supera ampliamente las tarifas de los principales corredores viales y puentes interjurisdiccionales del país”, señaló la entidad en ese momento.

La CAC respaldó las acciones administrativas y judiciales de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y pidió la intervención del Ministerio de Economía y de las autoridades bonaerenses para “disponer la inmediata suspensión de este peaje irregular”. También comparó la situación con Misiones, cuyos regímenes de recaudación sobre las cargas que atraviesan la provincia consideró “auténticas aduanas interiores”.

En el Palacio de Hacienda, en cambio, se desligaron del tema. “La Subsecretaría de Transporte Automotor consideró que el planteo versa sobre una materia ajena a la competencia nacional, dado que se refiere a un camino transferido a la órbita municipal, y sugirió dar intervención a las autoridades competentes de la Provincia de Buenos Aires”, respondieron ante la consulta de LA NACION.

El riesgo de que se replique

Para Uipba y Adiba, el problema excede a Ramallo. Advirtieron que, si este tipo de iniciativas se copiara en otros municipios, podría formarse “una red de barreras superpuestas a lo largo de todo el país”, con múltiples costos para transportar una misma carga. “En un país que necesita integrarse al mundo y reducir costos logísticos para competir, municipios que crean aduanas internas generan una nueva capa del denominado ‘costo argentino’”, concluyeron.