Un proyecto de ley busca penalizar la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento
¿Qué propone la nueva ley para combatir la difusión no consentida de imágenes íntimas? Los detalles del proyecto que busca sancionar la llamada ‘pornovenganza’ y proteger a las víctimas de violencia digital.
El senador Gerardo Zamora presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que busca incorporar al Código Penal sanciones específicas para la difusión no consentida de imágenes o contenidos íntimos, una práctica conocida como “pornovenganza” o violencia digital. Esta iniciativa responde a la necesidad de actualizar la legislación frente a nuevas formas de delitos vinculados al uso de tecnologías y redes sociales.
La propuesta modifica artículos del Código Penal con el objetivo de penalizar a quienes difundan, divulguen o publiquen contenidos de desnudez o material sexual sin autorización de la persona involucrada. Incluso cuando dichas imágenes hayan sido obtenidas originalmente con consentimiento en el marco de una relación privada, su difusión no autorizada sería sancionada.
El proyecto también contempla agravar las penas cuando se transgreda la expectativa de intimidad de la víctima. Además, sanciona a quienes utilicen la amenaza de difundir este tipo de material como mecanismo de extorsión, reforzando la protección legal contra estas prácticas abusivas.
¿Cuál es el origen de esta iniciativa?
La propuesta fue presentada originalmente por la senadora nacional Claudia Ledesma Abdala de Zamora, y obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores. Sin embargo, al no ser aprobada dentro del plazo legal en Cámara de Diputados, perdió estado parlamentario, lo que motivó su reintroducción.
Esta iniciativa busca proteger el derecho a la privacidad y la dignidad de las personas, especialmente frente a situaciones que afectan de manera particular a mujeres y jóvenes. Las consecuencias personales, sociales y profesionales para las víctimas de estos delitos pueden ser graves y duraderas.
La presentación de este proyecto refleja los esfuerzos por adaptar la legislación a los desafíos planteados por el avance tecnológico y el uso masivo de redes sociales. Se espera que su tratamiento en el Congreso genere un debate necesario sobre cómo combatir la violencia digital de manera efectiva.
