Un pozo que no deja de brotar: la Justicia apura a dos petroleras y hay 15 millones en juego

La Justicia de San Ramón de la Nueva Orán les puso fecha límite a YPF S.A. y President Petroleum S.A.: tienen diez días hábiles para presentar un plan de cierre definitivo del pozo petrolero Loma de Olmedo X-10, en Puesto Guardián, y para detallar cómo van a contener la contaminación que ya está en el lugar.

La intimación nació de un pedido de la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, que advirtió que las sustancias presentes en la zona podrían extenderse hacia terrenos agrícolas y ganaderos, sobre todo cuando lleguen las lluvias más intensas.

La medida cautelar ambiental fue notificada el 23 de octubre y lleva el sello de urgente, preventivo y provisorio. El juez Ramiro Morizzio hizo lugar a la protección socioambiental que reclamó la Fiscalía, apoyada en pericias y constataciones del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Qué encontraron en el terreno

Los informes sumados a la causa describen que la afectación ambiental sigue activa. También mencionan emanaciones de gases que debieron haberse controlado y una sustancia depositada sobre la superficie, cerca del pozo.

La resolución abarca a las empresas que integran la cadena de concesión y explotación del pozo y prevé la participación de organismos provinciales. YPF y President Petroleum ya recibieron la notificación; otras firmas vinculadas a la explotación todavía esperan la suya.

El plan que deberán entregar no puede ser una declaración de buenas intenciones. Tiene que incluir una metodología de intervención, medidas de seguridad, mecanismos para impedir nuevas surgencias, un cronograma de ejecución y procedimientos de monitoreo y control posteriores.

Además, las compañías deberán presentar un Plan de Contingencia y Contención para evitar que la sustancia que hoy está en la superficie se propague.

La medida dispone que las acciones se afronten de manera solidaria entre las empresas involucradas, con la intervención de las secretarías de Ambiente y de Minería y Energía de Salta a través de sus organismos técnicos.

El propio fallo aclara algo importante: no define todavía la responsabilidad de cada empresa. Se trata de una intervención preventiva para neutralizar el riesgo ambiental mientras el proceso sigue su curso.

El número que complica todo

Controlar las fugas y sellar el pozo de forma definitiva podría costar del orden de los 15 millones de dólares, según antecedentes que ya publicó El Tribuno. El trabajo exigiría equipos especiales y la perforación de al menos un pozo de alivio, pensado para interceptar las fugas, aplicar técnicas de sellado y frenar los derrames.

Con esa cifra sobre la mesa, la discusión de fondo es quién paga el cierre y la remediación. En una resolución anterior, el juez Morizzio había indicado que los gastos debían recaer en la empresa concesionaria, sin trasladar responsabilidades a terceros.

El asunto se vuelve más complejo por la larga cadena de compañías que pasaron por la explotación del área. El pozo lo perforó YPF en la década de 1980 y después quedó ligado a distintas firmas que fueron asumiendo la operación y sus obligaciones.

Denuncias que se acumulan desde 2023

Los primeros derrames del pozo LO-x10 empezaron a hacerse visibles en agosto de 2023, según los antecedentes periodísticos del caso. Productores de la zona denunciaron daños en suelos, aguas, vegetación y animales.

Uno de ellos fue Aureliano Reyes, productor ganadero de la finca El Estanque. Sostuvo que venía denunciando los derrames desde agosto de ese año y atribuyó al episodio la muerte de ganado y otros animales, además de perjuicios sobre la vegetación.

El fantasma del MdT-14

Para entender la magnitud del problema conviene mirar el pozo MdT-14, en el yacimiento Martínez de Tineo. Ese caso empezó con denuncias por derrames en 2006 y durante años encadenó intentos fallidos por controlar las fugas.

Entre 2010 y 2012 se hicieron más de una docena de intervenciones, con equipos especiales traídos desde el sur del país. Se trabajó a profundidades de entre 2.000 y 2.500 metros y se gastaron millones de dólares hasta detener las erupciones de petróleo mezclado con agua y gases que castigaban suelos, cursos superficiales, flora, fauna y ganado de los establecimientos vecinos.

La entonces operadora del área, Petrolera San José, llevó el caso a la Justicia y argumentó que YPF le había transferido ese pozo. La Justicia Federal resolvió que fuera YPF la que ejecutara el plan de abandono, en cumplimiento de las obligaciones que había asumido con la concesión. El MdT-14 quedó sellado en 2012, tras seis años de derrames y dos de intervenciones.

Las cuentas de President Petroleum

Otra duda que sobrevuela el caso Loma de Olmedo es la situación económica de President Petroleum, una de las intimadas. La compañía se presentó en concurso en octubre de 2024 con una deuda declarada de 61,3 millones de dólares, de los cuales 48 millones correspondían a vencimientos de corto plazo.

La empresa también había informado un flujo de caja negativo de 9 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2024 y una caída del 20% en su producción petrolera frente al año anterior.