Un policía abusó de una compañera mientras patrullaban y el Gobierno confirmó su expulsión definitiva
Abusó de una compañera mientras patrullaban y ahora no podrá volver a la fuerza. Conocé los detalles de un caso que conmocionó a la Policía de Mendoza.
El Gobierno de Mendoza ratificó la exoneración de un oficial de policía que abusó sexualmente de una colega durante un patrullaje en Potrerillos. La sanción, la máxima en el régimen policial, quedó firme este jueves tras rechazar el último recurso del agente.
El ex auxiliar primero Ramón Jesús Sánchez Martínez fue condenado en 2018 a dos años de prisión en suspenso por abuso sexual simple, pero la Justicia administrativa determinó que su conducta era incompatible con el uniforme. Ahora, la medida fue confirmada por decreto.
¿Qué pasó en Potrerillos?
El hecho ocurrió el 24 de septiembre de 2014. Sánchez Martínez y la víctima patrullaban en un móvil policial cuando, según la denuncia, el hombre abusó de ella. La investigación penal terminó con una condena firme el 13 de junio de 2018.
La sentencia penal no fue el único castigo. En septiembre de 2025, la Policía de Mendoza lo exoneró aplicando la Ley Provincial 6722, que ordena la expulsión de la fuerza para cualquier miembro condenado por un delito doloso.
Los argumentos del ex policía
Sánchez Martínez intentó revertir la sanción con un recurso jerárquico. Sostuvo que la exoneración era desproporcionada porque su condena era de ejecución condicional, destacó su trayectoria y denunció demoras en el trámite administrativo. Incluso citó un caso similar donde la sanción habría sido menor.
Pero la Asesoría de Gobierno fue contundente: la ley no hace diferencia entre una pena en suspenso y una efectiva cuando se trata de delitos dolosos cometidos en funciones. Tampoco encontró demoras irrazonables ni méritos suficientes para apartarse de la norma.
La decisión final
El decreto N°1123, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, dejó firme la exoneración y agotó la vía administrativa. El ex oficial ya no tiene recursos internos: solo le queda acudir a la Justicia mediante una acción procesal administrativa.
El caso remarca un punto clave: el delito fue cometido durante el ejercicio de funciones policiales, una circunstancia que el Gobierno considera incompatible con la permanencia en la fuerza. La decisión sienta un precedente sobre la tolerancia cero a la violencia de género dentro de las instituciones de seguridad.
