Un policía, 120 familias y 500 millones: la denuncia que estremece a Tucumán

Un empleado del Poder Judicial denunció a un policía de la Comisaría 6ª por una presunta estafa con viviendas del IPV que, según su relato, habría afectado a entre 115 y 120 personas por unos $500 millones. La presentación se hizo el miércoles 23 de septiembre en la Comisaría 5ª, en Muñecas al 1.600, y el caso quedó en manos de la Fiscalía de Delitos Complejos.

El denunciante, de 37 años y con funciones en el Poder Judicial desde 2010, sostuvo que el uniformado le ofreció gestionar una casa a cambio de dinero y que después lo alentó a convocar a familiares, amigos y conocidos. Según su versión, las sumas entregadas —transferencias y pagos en efectivo— rondarían los $500 millones, una cifra que aún debe precisarse en la investigación.

La relación entre ambos, según el relato, venía de la morgue judicial, donde coincidían mientras cumplían tareas. Después de un traslado del empleado, el contacto se cortó. Se reanudó en noviembre del año pasado, cuando el policía le escribió por WhatsApp y le habló de contactos que podían facilitarle el acceso a una vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

La promesa de una casa y los primeros $2 millones

De acuerdo con la denuncia, el uniformado mencionó una supuesta posibilidad vinculada con su madrastra, que trabajaría en un área de Acción Social de la Legislatura y entregaría boletos gratuitos. También le habría asegurado que podía conseguirle una casa en Manantial Sur, San Andrés o Lomas de Tafí. Para iniciar las gestiones le pidió $2 millones, con el compromiso de otros $2 millones cuando la vivienda fuera asignada.

El denunciante dijo que al principio respondió que no tenía ese dinero. Luego, tras conversar con su esposa, pidió un préstamo y sumó ahorros familiares hasta reunir la suma. Aseguró que transfirió el dinero y que el policía le escribió para comunicarle que ya tenía una vivienda reservada.

Días después, siempre según la presentación, el uniformado le planteó preparar “varias carpetas” para otras personas y le pidió mantener la operación en secreto, limitada a gente de confianza. El empleado comentó la propuesta a su cuñada y a un primo: cada uno habría transferido $4 millones. Con lo que él ya había enviado, calculó que en ese momento se habían reunido $10 millones.

De $2 a $5 millones por persona

Con el correr de los meses, la cantidad de interesados habría crecido. El denunciante afirmó que el policía le comunicaba que se habían habilitado nuevos cupos y le pedía que convocara a más personas. Según la denuncia, algunos interesados transferían el dinero a la cuenta del trabajador judicial y este lo reenviaba al uniformado. Los montos iniciales de $2 millones habrían subido hasta $5 millones por persona.

El hombre señaló que transmitió la propuesta a familiares, amigos y conocidos porque creía que podía ayudarlos a obtener una vivienda. Afirmó que el policía les había anticipado que las primeras casas se entregarían en febrero o marzo de este año. Cuando ese plazo pasó sin adjudicaciones, quienes habían entregado dinero comenzaron a reclamarle explicaciones.

Ante los reclamos, el empleado aseguró que consultaba al policía y recibía respuestas dispares sobre supuestos trámites pendientes, documentación faltante o detalles por resolver. Dijo que insistió en que necesitaba una solución porque era él quien trataba con la gente y, en algunos casos, recibía el dinero antes de transferirlo.

La reunión en julio y el silencio del uniformado

El denunciante describió una reunión que, según su versión, se realizó en julio en la casa de su suegro. Afirmó que el policía le pidió organizarla y que él convocó a los damnificados. Dijo que pasó a buscar al uniformado por su vivienda y lo llevó al encuentro, pero que una vez allí el policía se habría encerrado en una habitación y no habló con los presentes. Él y su esposa quedaron a cargo de responder los reclamos.

Después de la reunión, el empleado sostuvo que el policía le dijo: “Hermano, se me cerraron muchas puertas”. Como otra fecha posible para la entrega de las viviendas, le habría mencionado un acto político de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) previsto para el 21 de julio. Según la denuncia, tampoco hubo entregas en esa oportunidad.

El trabajador judicial afirmó que luego fue varias veces a la casa del policía, en Alderetes, para pedirle una respuesta, pero recibió nuevas explicaciones evasivas. Aseguró que cuenta con capturas de pantalla de transferencias y que aportó datos de cuentas y alias asociados a Mercado Pago, Banco Macro y Brubank.

Entre la documentación que dijo haber entregado mencionó comprobantes de transferencias, constancias de pagos en efectivo y fotocopias de documentos personales de los interesados en las viviendas. También habría proporcionado actas de nacimiento y matrimonio, además de recibos de sueldo. El denunciante manifestó que no cobraba comisión y que participó porque esperaba conseguir una casa para él y su familia.

Sobre el monto total, calculó que las personas afectadas serían cerca de 120 y que las sumas entregadas rondarían los $500 millones. Esa cifra fue aportada por el denunciante y deberá ser precisada en el marco de la investigación. La denuncia fue remitida a la Fiscalía de Delitos Complejos, que deberá determinar las circunstancias de los hechos, el recorrido del dinero y la eventual responsabilidad de los involucrados.

El denunciante agregó que perdió su trabajo a raíz de la situación y anticipó que se presentará en sede judicial junto con otros presuntos damnificados para ampliar la denuncia. Por su parte, según la información difundida sobre el caso, el policía señalado prestaba servicios en la Comisaría 6ª y fue puesto en disponibilidad tras la presentación. La acusación no implica una determinación de culpabilidad, que deberá establecerse mediante el proceso judicial.