Un paso clave para el RIPEE: la ministra Sosa Herrera escuchó a los contadores
La ministra Sosa Herrera se reunió con los contadores para definir la reglamentación del RIPEE. ¿Qué propuestas surgieron y cómo impactarán en las inversiones?
La reglamentación de la ley que promete cambiar el mapa económico de San Luis avanza con un diálogo directo con quienes serán protagonistas de su implementación. La ministra de Hacienda, Eugenia Sosa Herrera, recibió a los referentes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas para sumar sus aportes.
El encuentro se realizó en el despacho de la funcionaria y tuvo como eje central compartir puntos de vista sobre la futura reglamentación del Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE). Se trata de la ley impulsada por el gobernador Claudio Poggi y aprobada recientemente por la Legislatura provincial.
¿Por qué convocaron a los contadores?
La propia Sosa Herrera explicó que el Consejo fue citado porque sus profesionales tendrán una participación directa en la puesta en marcha del régimen, sobre todo en lo que respecta a la presentación de proyectos. En este marco, los asistentes plantearon inquietudes y compartieron sugerencias vinculadas con la reglamentación de la norma y su implementación.
Desde el Gobierno aseguraron que los aportes realizados durante la reunión serán considerados en esta etapa de definiciones. La idea es que la letra chica de la ley refleje las necesidades reales de quienes la van a utilizar.
¿Quiénes participaron de la reunión?
Además de la ministra, estuvo presente la directora general de Hacienda, Teresa Cappiello. Por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas asistieron Lorena Marcoleta, vicepresidenta; Oscar Alfredo Montero, secretario; y la contadora Lucía Miguel.
La convocatoria no fue casual: los contadores serán los encargados de asesorar a las empresas y emprendedores que quieran acceder a los beneficios del RIPEE.
Qué es el RIPEE y qué ofrece
El Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo es una herramienta diseñada por el Gobierno de San Luis para promover la inversión privada, fortalecer las empresas radicadas en la provincia, atraer nuevos proyectos y generar empleo.
La ley establece un esquema integral de incentivos que incluye beneficios tributarios, subsidios para la incorporación de trabajadores, herramientas de financiamiento y acceso a inmuebles fiscales. También contempla medidas para simplificar y agilizar los trámites administrativos.
El régimen alcanza a un amplio espectro de actividades económicas: agropecuaria, industrial, construcción, energética, minera, logística, comercial, turística, tecnológica y de servicios. El objetivo es brindar mayor previsibilidad y seguridad jurídica a quienes inviertan y desarrollen sus proyectos en San Luis.
