Un ministro del STJ expuso sobre derechos humanos y encendió un debate clave
Todos esperaban una clase teórica más sobre derecho constitucional, pero Löffler puso el foco en un caso real que obliga a repensar hasta dónde llega la soberanía judicial argentina.
El ministro del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Ernesto Löffler, abrió la Diplomatura Fueguina en Derecho Penal y Procesal Penal con una clase que puso sobre la mesa uno de los temas más espinosos del derecho actual: qué pasa cuando una sentencia internacional choca con la Constitución nacional.
Bajo el título “Supremacía Constitucional: miradas desde la jurisprudencia latinoamericana”, el magistrado repasó distintos fallos de la región para mostrar cómo los tribunales locales resuelven esas tensiones sin dejar de lado los compromisos asumidos ante organismos internacionales de protección de los derechos humanos.
El caso Bulacio, el puntapié
Uno de los casos que analizó fue el de Walter Bulacio, el joven que murió en 1991 tras ser detenido en una comisaría porteña y cuyo expediente llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir de ese antecedente, Löffler revisó cómo evolucionó la jurisprudencia argentina y qué límites aparecen cuando hay que cumplir un fallo internacional que interpela garantías internas.
La exposición también recorrió precedentes de Colombia, Guatemala, México, Perú y Venezuela. Así, los asistentes pudieron comparar las respuestas de cada sistema judicial ante decisiones del sistema interamericano.
¿Armonizar o elegir?
El interrogante que atravesó toda la jornada fue cómo equilibrar la protección de los derechos humanos, el cumplimiento de los compromisos internacionales y la supremacía constitucional como columna vertebral del orden jurídico. No hay una receta única, y eso quedó claro en el intercambio.
La actividad se hizo de manera presencial en el Salón de Usos Múltiples “Elena Rubio de Mingorance”, en Ushuaia, y se transmitió por streaming para los inscriptos de Tolhuin y Río Grande.
La diplomatura es impulsada por el propio Superior Tribunal de Justicia, a través de la Escuela Judicial “María Angélica Barreda”, con el objetivo de formar y actualizar a profesionales del ámbito jurídico fueguino.
