Un manual inédito busca ordenar la relación entre abogados y policías en San Juan

La Secretaría de Seguridad y el Foro de Abogados presentaron un Manual de Buenas Prácticas que establece, por primera vez, criterios comunes de actuación entre los letrados sanjuaninos y las fuerzas de seguridad. El documento, de carácter inédito en la provincia, fue elaborado en conjunto con la Policía de San Juan y el Servicio Penitenciario Provincial.

Qué busca esta nueva herramienta

El manual apunta a ordenar el trabajo cotidiano: fija pautas operativas precisas para que abogados y efectivos sepan cómo intervenir en cada escenario, con reglas claras sobre funciones, límites y responsabilidades. También busca agilizar los canales formales de comunicación y transparentar los procedimientos habituales.

La redacción estuvo a cargo de una comisión técnica multidisciplinaria, con representantes de cada sector: Yamila Schiffel por el Servicio Penitenciario Provincial, Fabio Cabrera por la Policía de San Juan, Mario Padilla por el Instituto de Derecho Penal del Foro de Abogados y Virginia Sánchez por la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público.

"Hechos concretos que surgen del diálogo"

Durante la presentación, el Secretario de Seguridad recordó que la comisión se conformó en junio y destacó el valor estratégico de la medida. "Fue necesario plasmar en conceptos básicos, transparencia para fortalecer el vínculo en el trabajo", sostuvo, y agregó que "estos son hechos concretos que surgen del compromiso y del diálogo entre las instituciones".

José Salinas, en representación del Foro de Abogados, calificó la jornada como "un día importante para la abogacía" y remarcó que el manual no contiene "normas administrativas sino normas de respeto entre la abogacía y Fuerzas de Seguridad". También lo definió como "algo histórico", ya que "escuchó a todos los sectores".

Primeros ejemplares y alcance provincial

Al cierre del acto, las autoridades entregaron los primeros ejemplares impresos a los representantes de las instituciones participantes. Con esta iniciativa, el Gobierno de San Juan busca fortalecer la articulación entre los organismos del Estado y la sociedad civil, aportando mayor seguridad jurídica tanto para los profesionales como para la comunidad en general.