Un juez rechazó un pedido clave en la batalla judicial entre una diputada y el gobernador

La diputada nacional Soledad Molinuevo (LLA) sufrió un nuevo revés judicial en la demanda que le inició el gobernador, Osvaldo Jaldo, por publicaciones en redes sociales. El magistrado rechazó su solicitud de suspensión, lo que mantiene vigente la orden de borrar los contenidos considerados agraviantes.

El juez en lo Civil y Comercial de la Capital de la V Nominación, Pedro Daniel Cagna, resolvió “desestimar la solicitud de suspensión provisoria de los efectos ejecutorios de la sentencia recurrida” por la referente libertaria. Con esta decisión, el magistrado ratificó la medida autosatisfactiva que ordena a Molinuevo eliminar los contenidos objetados por Jaldo.

La demanda se originó a partir de posteos y comentarios en las redes sociales que el mandatario consideró agraviantes. El gobernador inició acciones legales contra la diputada, lo que derivó en esta disputa judicial que ya lleva varios capítulos.

¿Qué argumenta la diputada?

Más allá del revés, la diputada -con el patrocinio letrado de Ricardo José Tomás Paz- anticipó su decisión de agotar instancias en esta disputa judicial con el gobernador. Molinuevo argumenta, entre otros puntos, que está siendo objeto de censura y que no se vulneraron sus prerrogativas como miembro del Congreso de la Nación.

En ese sentido, el juez Cagna sí hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por Molinuevo. Por ello, se formó un nuevo incidente en el marco de este expediente y la cuestión pasará a ser revisada por un tribunal superior, lo que abre un nuevo frente en el litigio.

¿Cuál es la advertencia de la parte contraria?

Mientras tanto, la representante legal del gobernador en esta causa, Paula Morales Soria, advirtió que Molinuevo “tiene la obligación” de desactivar los comentarios considerados agraviantes. La letrada señaló que, de lo contrario, la diputada nacional estará incurriendo “en una desobediencia judicial”, lo que podría traer nuevas consecuencias legales.

El caso continúa su curso, con la diputada decidida a llevar la apelación a instancias superiores y el equipo legal del gobernador vigilando el cumplimiento de la orden judicial. La disputa refleja tensiones políticas que se trasladan al ámbito judicial a través de las redes sociales.