Un juez le puso un freno al decreto de Milei y las universidades ya tienen fecha de cobro

La pulseada por el financiamiento de las universidades nacionales sumó un capítulo decisivo. El juez federal Martín Cormick resolvió el fondo del conflicto: declaró inconstitucional un tramo del decreto 759/2025 y le ordenó al Poder Ejecutivo que aplique de manera inmediata la ley de financiamiento universitario.

La medida alcanza al amparo colectivo que habían presentado el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), varias casas de estudio y docentes, y también al recurso de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que se había acumulado a la misma causa. La resolución fue dada a conocer por el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del CIN, Franco Bartolacci.

Qué dice la sentencia

El fallo hace lugar a la acción contra el Estado nacional y apunta contra el artículo del decreto que estableció que la promulgación de la ley se hacía “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629”.

Ese agregado fue el que usó el Ejecutivo para atar la ejecución de la ley 27.795 a la identificación de una fuente de financiamiento concreta y a la inclusión de las partidas en el presupuesto. Para Cormick, esa condición es inconstitucional.

Por eso ordenó al Ejecutivo “el cumplimiento inmediato de la ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”. Además, la sentencia cargó las costas del proceso al Estado nacional.

Bartolacci celebró la decisión en redes sociales: “Sentencia favorable sobre el planteo de fondo. Un paso más y muy importante para alcanzar el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario”.

Un conflicto que lleva casi un año

La resolución tiene un peso distinto al de las medidas anteriores. Hasta ahora, la Justicia había intervenido con cautelares que garantizaban provisoriamente algunos aspectos de la ley. Esta vez, en cambio, hay una sentencia sobre el planteo central que las universidades hicieron contra el decreto presidencial.

El origen del conflicto se remonta a 2025, cuando el Congreso aprobó la ley 27.795 de financiamiento. Javier Milei la vetó, pero ambas cámaras insistieron con mayorías de dos tercios y la norma quedó sancionada definitivamente.

El Ejecutivo la promulgó mediante el decreto 759/2025, aunque con la referencia al artículo 5 de la ley 24.629, que obliga a las normas que generan gastos a identificar su financiamiento. Si no lo hacen, su ejecución puede quedar suspendida hasta que existan las partidas presupuestarias.

Frente a eso, el CIN, rectores y docentes acudieron a la Justicia para cuestionar esa maniobra y reclamar la aplicación efectiva de la ley. Con este fallo, el plantel universitario consiguió su primera victoria de fondo.

Sentencia favorable sobre el planteo de fondo. Un paso más y muy importante para alcanzar el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario. https://t.co/YylynfYDEx— Franco Bartolacci (@fbartolacci) October 6, 2026